La ex presidenta en el banquillo: de la defensa política al daño electoral por el juicio

Cristina Kirchner estuvo por primera vez sentada en el banquillo de los acusados. La mayor parte del tiempo se la pasó con el teléfono celular en la mano, salvo cuando hizo algún comentario a sus abogados defensores. La actitud displicente de la ex mandataria se ajustó a su propia lectura del juicio oral que la tiene como principal imputada: que se trata de una causa armada e ilegítima.

Pero resulta que se están juzgando sus relaciones con Lázaro Báez a quien el Estado pagó unos 46.000 millones entre 2003 y 2015, el período completo durante el cual el kirchnerismo estuvo en el poder. El trato que en la acusación se califica de privilegiado y sobredimensionado fue detallado en la exposición fiscal.

A tal punto, que Báez fue calificado como un “aparente empresario” en el expediente que ayer comenzó a leerse en el la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, según pudo constatar EL DIA en el lugar. Así, se comprendió que la base de la acusación es que Lázaro pudo haber oficiado de fachada para que gran parte de los millonarios fondos nacionales quedaran en la Patagonia con inciertos destinos.

“La concentración de recursos públicos en Santa Cruz fluyó de forma constante y permanente, por medio de las empresas de Lázaro Báez”, se describió en la acusación, en la que también se recordó que los funcionarios que acompañaron a Néstor Kirchner desde la intendencia de Río Gallegos y luego en la Gobernación santacruceña, pasaron finalmente a reparticiones del Gobierno nacional.

Específicamente, apuntaron contra el Ministerio de Planificación –que durante toda la era K estuvo a cargo de Julio de Vido-, la dirección de Vialidad Nacional y su par provincial, hasta donde llegaban los fondos para financiar los proyectos concedidos a Báez. Un total de 52 obras, de las cuales sólo fueron concluidas 26. Aunque la defensa de Cristina advierte que faltan pericias.

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Ese fue, justamente, el motivo de la queja que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que llevó al máximo tribunal a requerir el expediente, en una maniobra que fue sospechada de funcional a los intereses de la ex presidenta para postergar el inicio del juicio. Pero los cortesanos dieron marcha atrás luego de una protesta política del Gobierno y del cacerolazo en algunos barrios porteños.

El contexto político

Cristina llegó a Comodoro Py después de haber confirmado, el último sábado, que no competirá por la Presidencia de la Nación sino por la Vice, como compañera de fórmula de Alberto Fernández. La jugada sacudió el tablero político y en los tribunales no dejaron de percibir que tuvo lugar pocos días antes del inicio del juicio. “Se anticipó para correr el foco”, especularon allí.

En efecto, el escenario con el que se encontró ayer la ex presidenta fue muy incómodo. Se tuvo que cruzar con De Vido y Báez –que se sentaron delante de ella- pero no los saludó. Sobre todo el ex ministro de Planificación le reprocha haberlo abandonado a su suerte, que no es buena si se considera que está preso. Tampoco la ex presidenta cruzó ni una mirada con José López.

“El señor de los bolsos” se sentó apartado del resto de los acusados –trece en total- porque es un “arrepentido” y la Justicia vela ahora por su seguridad. López fue secretario de Obras Públicas y firmaba los contratos que se adjudicaban a la firma de Lázaro. Su relación con De Vido fue de mayor a menor: al final del mandato de Cristina, prácticamente no se dirigían la palabra.

Desde Santa Cruz, donde debutó como precandidato kirchnerista, Alberto Fernández abonó la defensa de Cristina sobre la idea de que no pudo saber lo que hacían funcionarios de esa provincia patagónica, ya que entre la Presidencia y ese lugar había doce instancias administrativas. Para que se entienda bien: Alberto sólo excluyó a Cristina; De Vido fue su enemigo interno en el Gabinete.

Por eso mismo se notó ayer en los pasillos de Comodoro Py cómo algunos dirigentes kirchneristas ralearon al ex funcionario Abel Fatala, que se desempeñó bajo la órbita de De Vido y López en la cartera de Planificación y que tuvo sus orígenes políticos en el Frepaso de Chacho Alvarez. Entre esos dirigentes se percibió claramente quiénes eran los bienvenidos y quiénes ya no lo son.

Entre los primeros se ubicaron Hebe de Bonafini –que curiosamente ayer mismo fue enviada a juicio en la causa de Sueños Compartidos-, Estela de Carlotto y Nora Cortiñas, así como los intendentes del PJ bonaerense Fernando Gray, Gustavo Menéndez y Leonardo Nardini. Cristina envió al tribunal una lista de 126 personas que serán sus invitados mientras dure el juicio.

Pero aún cuando tuvo su propia barra detrás del blindex que separa a los enjuiciados del público presente, Cristina siente que lleva las de perder. Sobre todo, porque los argumentos de su defensa se parecen demasiado a los de otros acusados que no pudieron evitar la cárcel, como De Vido. Cristina es senadora y tiene fueros. No irá a prisión.

Tampoco la ex presidenta cruzó ni una mirada con José López, “El señor de los bolsos”