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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad que tiene por misión central promover y defender la libertad de prensa en el continente, alertó “la preocupante acumulación de reclamos judiciales dirigidos a los medios de comunicación sobre la eliminación de contenidos de sus ediciones online”.
En su informe de la reunión de medio año que se realizó el fin de semana en Cartagena de Indias, Colombia, señala que “no había hasta ahora antecedentes de planteos acogidos por la Justicia” pero advierte que en el último semestre se notificaron dos medidas cautelares contra diarios de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país referidas a demandas que invocan el denominado “derecho al olvido”, en las que se ordena la desindexación de contenidos”.
Se detalla que “un caso está ligado al pedido de un cirujano plástico denunciado por mala praxis por tres de sus pacientes. El otro, a informaciones sobre el procesamiento de un legislador de la provincia de Tucumán que fue sobreseído en una causa por tenencia de estupefacientes”. En ese sentido, la entidad advierte que esas medidas contradicen el punto 9 de la Declaración de Salta de la SIP que “apunta a que la desindexación de información sobre hechos de interés público atenta contra el derecho a la información”.
También agrega que “hubo otras medidas judiciales que configuraron casos de censura”. Puso como ejemplo que a fines de octubre, el juez Luis Carzoglio prohibió a medios de prensa la difusión de información e imágenes de un imputado de hechos de corrupción, “atentando contra preceptos constitucionales básicos y una extensa jurisprudencia”.
En la misma línea, la SIP también menciona una sentencia dictada en enero pasado por la jueza María Edith Rodríguez en la provincia de Salta que impuso la censura a los diarios digitales Ver Noticias y Aerom, al prohibirles toda publicación y difusión que se considere “agraviante” respecto del intendente de la capital de esa provincia. Ordenó, además, la eliminación de la información presente en esos sitios que, a criterio de la jueza, “excediera la finalidad de criticar la gestión pública”.
“Las denuncias de ataques en el terreno digital contra periodistas y medios se multiplicaron en los últimos meses y muestran una tendencia en alza mientras se acercan las elecciones presidenciales. Estas agresiones provienen de distintos sectores políticos y resultan preocupantes las adjudicadas al aparato propagandístico estatal”, alerta la SIP.
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