El Estado emite 18 millones de cheques al mes además de salarios del personal

¿Es viable un país cuyo Estado emite 18 millones de cheques al mes? ¿Esto es, que realiza transferencias directas de fondos al 40 por ciento de su población? La respuesta puede resultar inquietante, tanto como una pregunta derivada de la primera: ¿Qué sucedería si ese financiamiento público disminuyera sensiblemente, en un contexto de altos indicadores de pobreza y persistente inflación?

Los números son crudos: en la Argentina de 2019, más del 60 por ciento del Presupuesto nacional está destinado al pago de jubilaciones y al sostenimiento de los planes sociales. El sistema previsional cuenta con nueve millones de adultos mayores, mientras que la red de contención a los sectores más vulnerables incluye a otros ocho millones de beneficiaros. Además, el Estado financia un millón de pensiones, entre ellas las de invalidez y además deben contarse los fondos para el pago de salarios del personal que en el gobierno nacional son 350.000 personas pero sumados a los dependientes de provincia y municipios hacen un total de 3.500.000. Es decir que del sector público de la Argentina dependen más de 21.000.000 de hombres y mujeres. En el sector privado se desempeñan alrededor de ocho millones de argentinos y argentinas.

Asistencia alimentaria

A esto deben sumarse los programas de asistencia alimentaria que en nuestro país -y específicamente en la región del Conurbano de la Provincia- se complementan con aportes del Estado, las iglesias y organizaciones no gubernamentales. Expertos en el área social consultados por EL DIA estimaron que unas 8,5 millones de personas reciben al menos una vez por día una ración de comida que no pueden conseguir por medios propios.

Los números no cierran, en un doble sentido: por un lado, las arcas estatales conviven con un déficit estructural que provoca crisis recurrentes; por el otro, los sistemas previsional y de protección social requieren tanto dinero que no logran destinar ingresos dignos a los sectores más desprotegidos de la población. Por estos motivos es que empieza a discutirse la necesidad de introducir reformas de fondo en ambos sectores.

“Modelo agotado”

Daniel Arroyo, diputado nacional por la Provincia y especialista en el área, advierte sin medias tintas que “el modelo argentino de asistencia social está agotado”. Esa conclusión la saca en base a datos históricos: cita desde las Cajas PAN del alfonsinismo, los Planes Trabajar del menemismo (unos 100.000, financiados por el Banco Mundial), la masificación de los Jefes y Jefas de Hogar del duhaldismo (2,2 millones de beneficiarios) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) del kirchnerismo, que cubre ahora a 4,5 millones de niños.

La curva ascendente de la ayuda social se mantiene en la actualidad, bajo la administración de Cambiemos. El ministro de Desarrollo bonaerense, Santiago López Medrano, justifica esa tendencia en diálogo con este diario: “No importa si el tren para en la estación, igual hay mucha gente que no puede subir”, grafica el funcionario. Aunque admite: “Hay restricciones de financiamiento; la plata tiene que salir de algún lado”.

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Ahí viene el problema, que es como un círculo vicioso: el Estado otorga planes a sectores vulnerables; no le cierra la caja porque los recursos son finitos; provoca un déficit que “resuelve” con emisión o endeudamiento -cada gobierno con su librito económico- y finalmente los más perjudicados terminan siendo los sectores supuestamente protegidos, vía inflación o crisis del sector externo, que aumenta la “deuda interna”. Es la Argentina de las últimas décadas. El Estado parece un espectador ante el crecimiento de la evasión que se advierte a simple vista en las calles de las ciudades.

“Ponerse los pantalones largos”

Diego Bossio, diputado nacional por la Provincia y ex titular de ANSES en el Gobierno anterior, hace notar un punto clave para esta discusión: “Mientras cuatro de cada 10 trabajadores estén en negro, ningún sistema va a ser sustentable”, advierte en diálogo con este medio. Y agrega, para que no queden dudas: “Este problema es el Talón de Aquiles de la seguridad social”. Por eso, llama a “no ser hipócritas y ponerse los pantalones largos” para destrabar el debate.

“Las sociedades están envejeciendo. Lo que se denomina bono demográfico, es decir la cantidad de chicos jóvenes con respecto al resto de la sociedad, viene disminuyendo de manera considerable”, sostiene Bossio y reclama: “Hay que discutir una reforma previsional de avanzada, que permita aumentar la cantidad de aportantes al sistema, dotarlo de nuevos recursos, y que a su vez permita pagar mejores jubilaciones”. Pero lo cierto es que hay miles de jubilaciones privilegiadas, que se crearon nuevas fórmulas como el sistema para las amas de casa -aunque jamás hayan aportado y las irregularidades en los casos de incapacidad parcial o total.

Un debate global

Los sistemas previsionales están en discusión en todo el mundo aunque no llegan a un déficit de la magnitud del que se registra en nuestro país. En la Argentina contiene una particularidad: el Gobierno nacional impulsó una “reparación histórica” que aumentó el déficit en un 1,5 por ciento del PBI y ahora comienza a manifestarse cada vez más la crisis del sistema. Se pone sobre la mesa la necesidad urgente de buscar salidas. De hecho, también el Fondo Monetario reclama una reforma previsional.

Durante los tres gobiernos kirchneristas, en tanto, se sumaron tres millones de beneficiarios al sistema, cuya cobertura pasó del 60 al 90 por ciento de la población de adultos mayores de más de 65 años. El aporte promedio que habían realizado era de ocho años, pese a que la legislación requiere de al menos 30 años. Si bien se presentó esa política como un acto de “justicia social”, también es cierto que los beneficiarios del sistema son millones, lo que genera un gran poder electoral. Por eso los gobiernos de turno encaren una política de Estado. Lo mismo sucede con los planes sociales. A tal punto, que buena parte de la campaña presidencial de 2015 consistió en acusaciones del kirchnerismo al macrismo de que iba a dejar sin esa cobertura a millones de personas, la mayoría de ellas asentadas en el Conurbano. Al final eso no ocurrió; es más, la cantidad de planes sociales aumentó.

“reempadronamiento de planes”

“Vamos hacia la digitalización y el reempadronamiento de los planes, con una tarjeta única de transferencia. Está demostrado mundialmente que eso es mejor porque evita el clientelismo”, afirma López Medrano. Mientras que Arroyo acentúa su mirada crítica: “Al modelo macrista le sobran 20 millones de personas”, advierte. Con esa lógica, podría aventurarse que a los 18 millones de cheques que emite el Estado, se le agregarán otros 2 millones en los próximos años.

Todo eso convive con una pobreza estructural estimada entre el 20 y el 25 por ciento de la población y una economía informal -en negro o popular, de acuerdo a quién la invoque- cuyo piso no baja del 35 por ciento. “La pobreza no se resuelve con los planes sociales”, dijo alguna vez el presidente Mauricio Macri. Pero hasta el momento, la única iniciativa de su gestión para reconvertirlos en materia productiva -el Plan Empalme- fracasó.

El primer país en tener planes sociales masivos fue Estados Unidos en los años 30 durante la presidencia de Franklin Roosevelt pero todos los beneficiarios debían trabajar aunque fuera cortando el césped de las plazas para mantener la “cultura del trabajo”.

En muchos países europeos la mayor preocupación en el plano estructural es el futuro del sistema previsional por el envejecimiento de la población que sigue en ascenso y que produce el aumento del número de jubilados y el estancamiento, cuando no la reducción, del número de aportantes.

En la Argentina ese no es aún el mayor problema, aunque el sistema está totalmente desequilibrado porque por cada retirado no hay ni siquiera dos aportantes. La angustiante situación no está planteada como un tema para debatir. Lo grave es que los que pagan impuestos no pueden ser sometidos a una mayor carga fiscal. Por supuesto que el déficit del sector público no se debe solamente al desbalance del sistema de previsión. También debe señalarse que hay 8 millones de trabajadores “en blanco” en el sector privado y 3.5 millones de empleados en el sector público.

Lo cierto es que la inmensa mayoría de los jubilados no son responsables por la falta de aportes por los trabajadores en negro, ni por los privilegiados con grandes retiros, ni por las medidas demagógicas, ni por los fraudes y la pésima administración de los recursos. Tampoco por el saqueo a las cajas por parte de gobiernos que destinaron los fondos de los aportes a gastos sin relación ninguna con las jubilaciones o a cubrir el déficit del Estado.

La discusión sigue abierta. Y el problema irresuelto.

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