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María M.Mur (EFE)
Panamá
La inclusión de Panamá en una lista negra de paraísos fiscales de la Comisión Europea (CE) fue calificada de “injusta” de manera prácticamente unánime en el país, y para los analistas se trata de un “golpe reputacional” que esconde detrás “intereses políticos”.
“La imagen del país se ve afectada con este tipo de situaciones y es por ello que el Gobierno está siendo tan enfático en rechazar una decisión que realmente es infundada”, afirmó la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo.
La Comisión Europea publicó una nueva lista de 22 países o jurisdicciones externos al bloque comunitario que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre los que se encuentran Panamá, Arabia Saudí, Irán, Puerto Rico y Bahamas.
La inclusión en el listado, que aún tiene que ser aprobado en un plazo de un mes por el Parlamento y el Consejo europeos, no implica sanciones contra los países, pero la comisión sí puede requerir controles adicionales a sus bancos.
La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, reconoció en una rueda de prensa que hay reticencias entre algunos países europeos y que no cree que la lista vaya a conseguir una mayoría calificada.
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La respuesta inmediata del Gobierno panameño ha sido llamar a consultas a su embajador ante la UE y denunciar que el proceso de elaboración de la lista ha sido “opaco” y se basa en información “desactualizada”.
La plataforma financiera panameña lleva varios años bajo la lupa de distintos organismos internacionales por su supuesta falta de transparencia, especialmente, tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá en abril de 2016.
El exministro panameño de Economía y Finanzas Dulcidio de la Guardia, que renunció al cargo el año pasado, afirmó que la decisión de Bruselas es “desatinada” y “esconde matices políticos”.
“El mensaje que nos mandan es que no importa lo que se haga porque Panamá va a seguir estando en listas negras. Parece que es una decisión política de algunos burócratas europeos”, apuntó el exministro, quien recordó que el país centroamericano tiene buenas calificaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Para el abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz, “Panamá se ha convertido en el chivo expiatorio de la crisis (económica) europea”, y “parte de la culpa” recae en el gobierno panameño porque “no ha sabido comunicar” a Bruselas las medidas contra el lavado que se han adoptado en los últimos años.
Entre esas acciones, enumeró, se encuentra la Ley 23 -que se conoce como “Ley Antiblanqueo” y regula ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes de abogados- y la penalización con cárcel de la evasión fiscal, ya que era uno de los pocos países del continente que no lo hacía. El abogado también cuestionó que en la lista de la CE no aparezcan países europeos con esquemas financieros cuestionados por la comunidad internacional.
A Panamá ya la habían incluido en 2017 en otra lista negra elaborada por los ministros de Economía y Finanzas de la UE, aunque sólo por un mes.
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