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Pocas veces, como en este año, se ha presentado en la ciudad el grave problema de las usurpaciones de tierras, en situaciones que se vieron agravadas por episodios de violencia –con disparos de armas de fuego y peleas por la posesión de alguna parcela- presentados en diferentes puntos del distrito.
Recientemente se supo sobre la venta en las redes sociales de tierras ocupadas jornadas antes, tal como viene ocurriendo en una zona de Villa Elvira. Allí se registró la usurpación de un predio delimitado por las calles 7 hasta la 11 y desde 93 a 98, y poco después la aparición en Facebook del ofrecimiento de lotes al precio de $ 20.000, puestos en venta -presumiblemente- por quienes acababan de intrusarlos.
En los últimos días distintas personas llegaban en sus vehículos a los terrenos en conflicto y, al ser consultados por los motivos de su presencia en el lugar, dijeron haber visto las publicaciones en las redes sociales en las que se ofrecían lotes de ese predio al costo arriba señalado.
Cabe señalar que en lugar hay un sector ocupado y otro libre. En la parte liberada, anteayer, con maquinarias, continuaron con las tareas que están llevando a cabo para la apertura de calles y la delimitación del futuro barrio, para el cual los propietarios legales cuentan con aprobación municipal. El proyecto -como ya explicó este diario en ediciones anteriores- implica crear 260 lotes de 12 metros de frente por 30 metros de fondo, que se ofrecerán a 25 mil dólares cada uno.
Pero, claro, los trabajos sólo pudieron desplegarse en el sector no invadido por los usurpadores que delimitaron con cintas plásticas, cables y estacas, una zona de casi cuatro manzanas cuyas tierras se repartieron entre los ocupantes ilegítimos.
Tal como se dice ante cada usurpación, la metodología que usan quienes las ocupan ilegalmente es casi siempre la misma: se eligen los predios a usurpar, luego ocurre el “desembarco” siempre sorpresivo y veloz, se realiza la posterior limpieza y delimitación del terreno, para finalmente levantar viviendas precarias con materiales que, por lo general, son trasladados en camiones. Por último, el paso que da cuenta de la oscura trama detrás de las usurpaciones: los organizadores se encargan de vender o rematar las parcelas a familias sin viviendas.
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Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos, pero, como se dijo siempre, es el Estado el que debe llegar con su asistencia a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación
Lo que está claro es que nada justifica la impunidad con que se mantiene protegida a las mafias responsables de las usurpaciones, que concretan los despojos de tierras y luego se ocupan de intentar venderlas en forma fraccionada, generando –entre otras consecuencias irregulares- una suerte de urbanismo caótico que perjudica en forma integral a la sociedad. Además, tanto los propietarios ilegales como los vecinos históricos sufren a partir de allí las irregulares prestaciones de los servicios que infraestructura.
Correspondería señalar, además, que el Poder Judicial, el Ejecutivo provincial y los Municipios se encuentran en deuda frente a las víctimas de este delito, convertido en un verdadero flagelo social. Esa omisión, también, que constituye una injustificable mora para acudir en defensa de la vigencia de la ley y de la Constitución, resulta injustificable por parte de funcionarios y magistrados que tienen la responsabilidad de aplicar los cuadros normativos y no lo hacen.
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