Avanza el pedido de juicio político al juez de Garantías Juan Pablo Masi

La Procuración General Bonaerense denunció al juez de garantías N° 4 de La Plata Juan Pablo Masi ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que ahora deberá sortear a los integrantes del tribunal que determinará si el magistrado fue responsable de alguno de los cargos que le imputan. Masi está con licencia obligatoria desde fines de septiembre, por decisión de la Suprema Corte provincial.

La denuncia contra el juez se funda sobre tres causas judiciales. Una es la que trascendió días atrás, vinculada con el sobreseimiento que dictó hace 10 años en favor del ex gobernador Daniel Scioli y del ex interventor del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Luis Alberto “Chiche” Peluso. Le imputan al juez haber intervenido en ese expediente “pese a que la competencia correspondía a otro magistrado (Marcela Garmendia), con el objeto de sobreseer, de modo prematuro e injustificado” a los ex funcionarios, explicaron fuentes oficiales. Es que lo hizo con el argumento de que él intervenía en otra pesquisa similar pero más grave y que requería ‘complejas investigaciones’”, pero dictó el sobreseimiento “13 días más tarde y sin que se dispusiese medida probatoria alguna”, completaron.

Otra de las denuncias que complican a Masi tiene relación con la llamada “megacausa”, por la que está detenido su ex colega, César Melazo, y salpicó también al camarista en proceso de jury (y suspendido desde el año pasado) Martín Ordoqui.

En ese expediente se menciona un diálogo entre Masi y el ex barra de Estudiantes Rubén Orlando Herrera, a propósito de la gestión que el primero habría hecho ante un comisario de la Ciudad para que mandara policías a custodiar los alrededores de los boliches del “Tucumano” (detenido por la “megacausa”). “Diez puntos, Masi. Me atendieron de primera, me dieron la solución. Gracias a vos. Porque viste... a nosotros no nos dan bola, viste. Los llamás vos y es otra cosa. La verdad te agradecemos. Vamos a estar más tranquilos”, le dijo Herrera.

En un mensaje de WhatsApp del 15 de mayo de 2018, el ex barra coordinó un encuentro con el juez, al que llamaba siempre por el apellido: “Masi, después a la tarde te veo por el tema ese de la policía. Yo estoy en el boliche todo el día igual... si querés pasar. Si no, paso yo donde estés vos”. Masi le respondió: “Paso cuando voy para casa”.

Existe otro mensaje que complicaría la situación del magistrado. En la comunicación del 16 de mayo del año pasado, Masi le preguntó a Herrera “si el número le cerraba”. Entonces, el Tucumano respondió que había llegado a un acuerdo satisfactorio con el comisario.

LE PUEDE INTERESAR

En Punta Indio, buscan a una nena ausente desde el miércoles a la tarde

LE PUEDE INTERESAR

Un policía de la Ciudad mató a un ladrón que era perseguido por 2 efectivos de la Bonaerense

En un contacto posterior Herrera le aclaró que el acuerdo con el comisario se había hecho por fuera del régimen impositivo. La respuesta de Masi fue “como vos quieras”. Por eso suponen que el juez sirvió de nexo para la concreción de una maniobra ilegal, como es el pago en negro del servicio de policía adicional.

La tercera causa es por el recupero de una mercadería hallada en un depósito que estaba fuera de la jurisdicción, ya que esto sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un diálogo entre Ordoqui y el gestor judicial Enrique “Quique” Petrullo (otro procesado en la megacausa) aparece el nombre de Masi. Allegados al juez aclararon esas órdenes se dictan “sin perjuicio de la competencia”.

Auditorías

El proceso que terminó con Masi fuera de su despacho arrancó cuando la Corte Suprema ordenó hacer auditorías en todos los juzgados de Garantías del Departamento Judicial La Plata y la Subsecretaría de Control Disciplinario de ese tribunal denunció ante la Fiscalía General al titular del Juzgado 4 por presuntas irregularidades.

La investigación recayó en la fiscalía a cargo de Cecilia Corfield y Masi fue acusado de “prevaricato” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterados”. La jueza Marcela Garmendia envió a la Corte el resolutorio de Corfield y también el suyo, por el que ordenó a la fiscalía su remisión a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios.