Se castiga a los que cumplen con la VTV y no a quienes la evaden

Desde su puesta en vigencia el trámite de la verificación técnica vehicular en la provincia de Buenos Aires vino acompañado de varias circunstancias y situaciones enojosas, que debieron merecer correcciones por parte de los responsables del sistema y de las sucesivas autoridades a cargo de la supervisión. No se trata aquí de cuestionar la obligatoriedad de la revisión técnica dispuesta por ley, sino de señalar cuestiones controvertibles que, en los hechos, dejaron y dejan bastante que desear.

Como se sabe, en estos días el gobierno provincial ha dispuesto que las tarifas, que ya eran elevadas, sufran un incremento del 42 por ciento. De este modo el costo de la revisión alcanzará la suma de 876,97 pesos, con IVA incluido, según se informó oficialmente, de acuerdo a la medida que comenzó a regir en estas horas. Cabría aquí puntualizar que se habla de una fiscalización de tipo mecánico que, una vez iniciada en las distintas líneas de inspección habilitadas, se concreta en apenas unos cinco minutos, ya que los controles resultan ser más bien laxos. .

Otro condimento negativo reside en que el sistema de la VTV no parece haberse convertido, tal como se lo proclamaba a la hora de fundamentar le necesidad de contar con ese servicio, en un elemento fundamental para la reducción de accidentes, con una tasa de siniestralidad en la Provincia que sigue siendo altísima y que tampoco parece haber servido para mejorar la calidad del parque automotor.

Las calles y rutas siguen repletas de verdaderos cascajos que no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad (la autopista Bs As La Plata es un desfile de autos en pésimas condiciones de mantenimiento, sin luces, por ejemplo), a los que nadie controla. Si hubiera que enfatizar el contraste, cómo no señalar que en muchas ciudades persiste el flagelo de la tracción a sangre.

Otro ejemplo es el de los micros destrozados que todos los fines de semana se utilizan para el traslado de hinchas de fútbol a las canchas, o el que suelen ofrecer las unidades de transporte de pasajeros que llevan a militantes a actos partidarios, visiblemente privadas de las condiciones de seguridad que se le requieren a todo el parque automotor, pero que en el caso del transporte de personas debieran exigirse con mayor rigor.

Aunque resulte ajeno al tema intrínseco de las exigencias mecánicas propias de la VTV, corresponde mencionar las verdaderas pesadillas que se suelen enfrentar miles de personas que, en determinadas épocas del año, se ven obligadas a realizar largas esperas de ocho o más horas, con varias cuadras de cola, para lograr un turno de verificación. A la hora de justipreciar las bondades de un servicio, debieran ponerse también en la balanza estas y otras irritantes deficiencias.

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Corresponde recordar que hace dos décadas, cuando se debatió en la Legislatura bonaerense la ley de creación de estas plantas verificadoras, no fueron pocas las voces de legisladores que advirtieron sobre los problemas que podrían sobrevenir, fundamentalmente, dado el crecimiento constante y exponencial del parque automotor. Allí algunos sostuvieron que la tarea de contralor debía delegarse en los talleres particulares, quienes debían hacerse responsables del dictamen sobre la calidad mecánica de los vehículos. Sin embargo, se optó por oficializar la fiscalización a través de ocho concesiones oficiales en la Provincia.

Lo cierto es que en la actualidad, algunas de las falencias aquí apuntadas han terminado por dejar planteado un panorama en el que el Estado provincial castiga a los que cumplen puntualmente con la VTV, pero nada hace, o muy poco, contra quienes evaden esos controles anuales.

Es evidente que llegó la hora de revisar integralmente un sistema excesivamente oneroso, que reclama modificaciones sustanciales, para ponerlo a tono con las exigencias de la hora.