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La Procuración General de la Nación avaló el desembarco de la firma en territorio bonaerense a contramano de lo establecido por la legislación provincial
Preocupados por “presiones a la justicia” los farmacéuticos se movilizaron el lunes a la procuración/ WEB
Nicolás Maldonado
nmaldonado@eldia.com
En un fallo que no dirime la disputa pero que ayer sembró alarma entre los farmacéuticos bonaerenses, la Procuración General de la Nación resolvió que la traba legal que frena la instalación de cadenas de farmacias en nuestra provincia desde 1987 es “inconstitucional”, lo que pone a Farmacity un paso más cerca de desembarcar en territorio bonaerense. Si bien la Corte Suprema de Justicia no se ha expedido aun, el Colegio que representa al sector teme que ésta falle en el mismo sentido dadas “las enormes presiones que se están ejerciendo desde el Poder Ejecutivo Nacional”.
La cláusula legal que acaba de ser declarada “inconstitucional” por el procurador interino, Eduardo Casal, es el artículo 14 de la llamada Ley de Farmacias (la 10.606). En él se establecen quiénes pueden ser propietarios de farmacias en territorio bonaerense -en virtud de que el rubro está considerado un servicio público- dejando afuera a las sociedades anónimas como Farmacity.
Para entender el trasfondo legal que enfrenta a los farmacéuticos bonaerenses con Farmacity desde 2012 es preciso tener presente que en nuestra provincia las farmacias no son un comercio más. Lo mismo que el ferrocarril, están consideradas un servicio público impropio, lo que significa que si bien pueden encontrarse en mano de privados, su funcionamiento está regulado por el Estado en función de prestar un servicio a la comunidad. Es por eso que la habilitación de nuevas farmacias se rige por una ley de corte sanitarista a fin de garantizar el acceso a medicamentos en todo el territorio provincial.
Fue en base a esta ley que en 2010 el ministerio de Salud bonaerense rechazó una solicitud formulada por Farmacity para abrir una sucursal en Pilar, punto de partida de la actual batalla judicial. Desde entonces el reclamo de la firma para que se declare inconstitucional el artículo que le impide instalarse en la Provincia venía chocando con el rechazo de la Justicia en cada una de las instancias en que se presentó.
Tras recibir fallos en contra en la Justicia Civil platense, la Cámara de Apelaciones de La Plata y la Corte provincial, la cadena logró ahora el aval de la Procuración. Con todo no se trata de un triunfo definitivo: falta aún que se expida el máximo tribunal de la Nación.
“Si bien el fallo de la Procuración nos parece lamentable, lo cierto es que no nos sorprendió. Hace tiempo que veníamos alertando que esto podía pasar dada las presiones que viene ejerciendo (el vicejefe del Gabinete nacional) Mario Quintana sobre la Justicia para que fallara a favor de su empresa. Por eso es que hace unos días nos movilizamos para salir a apoyar a la Justicia”, contó ayer María Isabel Reinoso, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia.
En el foco de acusaciones por conflicto de intereses y tras dos años de asumir como funcionario nacional, Mario Quintana anunció públicamente días atrás que venderá sus acciones en Farmacity, empresa de la que fue co fundador y presidente durante muchos años.
“Aunque todavía falta que se expida la Corte, la situación nos tiene preocupados por las enormes presiones a la que está sometida la Justicia por parte del Ejecutivo nacional”, reconoció ayer Reinoso al señalar “el avasallamiento” que constituye de por sí para la autonomía de la Provincia el hecho de que una materia que le es propia, como la salud, haya llegado a ser cuestionada a nivel nacional.
En el mismo sentido se expresó ayer el Defensor adjunto del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino.
“Estamos preocupados por el dictamen de la Procuración General de la Nación a favor de que la empresa Farmacity opere en la Provincia. Esta decisión lo único que hace es beneficiar a un grupo económico violentando una ley que estaba vigente y no había generado inconvenientes”, afirmó.
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