Denuncian obstáculos para atender abortos legales en toda la Provincia

Pese a que existe desde hace años un protocolo ratificado por la Corte Suprema de Justicia para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violaciones o de riesgo para la vida o salud de la mujer, esta normativa que es de aplicación obligatoria en todas las instituciones sanitarias del país parece lejos de respetarse en territorio provincial. Así lo denuncia un duro informe presentado por la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, según el cual ni los hospitales provinciales ni muchos centros de salud cuentan con recursos para dar respuesta a este requerimiento y, a falta de políticas específicas, se comenten maltratos contra mujeres que solicitan abortar en el marco de la ley.

El documento, que se presentó el miércoles en la Cámara de Diputados de la Provincia con el apoyo de la Red de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, la CICOP y varios legisladores provinciales, será enviado como un pedido de informe al ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, según adelantaron ayer los impulsores de la iniciativa.

Como se desprende del relevamiento, “la falta de políticas tanto provinciales como municipales” para dar cumplimiento al protocolo de aborto legal habría dado lugar a que muchos establecimientos de salud no sólo no cuenten con fármacos para la interrupción de embarazos sino tampoco con servicios de consejería ni personal dispuesto a atender estos casos. En este contexto “resulta habitual que se victimice a las mujeres” y “se persiga a los médicos que las quieren ayudar”

Uno de los principales obstáculos que señala el informe es la “alta presencia de objetores de conciencia en los servicios de Ginecología de los hospitales provinciales”, lo que sumado a la “falta de políticas estatales” lleva a que el derecho a la interrupción legal del embarazo quede sujeto a la buena voluntad de algunos profesionales organizados por su cuenta sólo en ciertos establecimientos del sector primario y secundario de la Salud”.

“Lejos de acompañar a las mujeres, se las persuade para que su voluntad de interrumpir un embarazo se vea coartada, y en caso de que efectivamente decidan continuar ese camino, aparece la revictimización, ante la cual el Estado no suele intervenir. Pero además no es infrecuente que se persiga con amenazas de despidos a aquellos profesionales que buscan garantizar su derecho”, aseguran desde la Campaña por el Aborto Legal.

Consultado por esta situación, el subsecretario provincial de Atención a la Salud, Leonardo Busso aseguró ayer que “si bien no todos los hospitales de la Provincia practican Interrupciones Legales de Embarazos, existe una red establecimientos preparados para dar respuesta a estos casos en cada región sanitaria. Todos ellos cuentan con los recursos necesarios y en ellos funcionan consejerías pre y post aborto que dependen del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio” .

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Al analizar la situación en distintos municipios bonaerenses, el informe señala a La Plata entre los distritos que no garantizar el protocolo de aborto legal. “Las autoridades municipales no solo prohibieron que se realicen consejerías en los centros de Salud sino que los y las profesionales son perseguidos cuando intentan facilitar una interrupción del embarazo en el marco del Código Penal”, detallaron desde la Campaña. Aunque voceros del Municipio fueron consultados ayer acerca de esta denuncia, no habían ofrecido ninguna respuesta hasta el cierre de esta edición”.