Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite

Familiares de personas con discapacidad y terapistas advierten que, pese a la vigencia de la “emergencia” en el sector, la situación sigue siendo crítica por la desfinanciación del sistema. En este marco, se asegura que los prestadores no cobran en tiempo y forma, que los aranceles son insuficientes y que muchos profesionales abandonan su trabajo, lo que deriva en la interrupción de las terapias y una reducción de los servicios.

Los reclamos se sostienen desde el año pasado, cuando prácticamente no hubo actualización del nomenclador. Pese a que en febrero la Secretaría Nacional de Discapacidad (SeNaDis) implementó un aumento automático y mensual -que se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)- para acompañar la suba de costos y dar mayor estabilidad al sector, la medida no logró revertir la crisis.

La situación impacta directamente en profesionales y prestadores que brindan servicios esenciales para personas con discapacidad, como internaciones, transporte, apoyos educativos, atención médica, rehabilitación y otras prestaciones fundamentales. En la Región hay alrededor de 16 mil personas con Certificado Único de Discapacidad. Se estima que un número mayor carece de ese documento y de cobertura terapéutica.

Débora Barani, presidenta de Familias TEA La Plata, Berisso y Ensenada, aseguró que “la situación en discapacidad es muy grave y que, aunque no es nueva, se profundizó”. En la misma línea, remarcó que la emergencia declarada “en la práctica no cambió casi nada”, ya que “una cosa es que la ley exista y otra muy distinta es que se cumpla”, por lo que las familias continúan atravesando “los mismos problemas, o incluso peores”.

En tanto, sostuvo que esta situación impacta directamente en la vida cotidiana: “Hoy hay chicos que están perdiendo sus espacios terapéuticos, profesionales que dejan de atender, centros que reducen servicios o directamente cierran”, explicó, y agregó que la interrupción de tratamientos, acompañamientos termina recayendo sobre las familias.

A su vez, Barani advirtió sobre el impacto en las madres que están a cargo de sus hijos, muchas de ellas monoparentales. Según describió, cada vez más mujeres se ven obligadas a dejar sus empleos para asumir tareas de cuidado ante la falta de respuestas del sistema, en un contexto de sobrecarga y deterioro de la salud mental. “Nos encontramos con madres desbordadas, que sostienen todo solas, y que muchas veces ni siquiera pueden acceder a sus propios tratamientos”, señaló.

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Pablo, papá de un nene con autismo, describió que “las instituciones, especialmente centros de día y escuelas, son las que están complicadas por deudas y retrasos en pagos del Estado”, una situación que -según explicó- golpea de lleno al funcionamiento cotidiano del sector y pone en riesgo la continuidad de los servicios.

En ese marco, también indicó que los mayores problemas se concentran en quienes dependen de coberturas como PAMI o el programa federal Incluir Salud, del que dependen muchas instituciones más vulnerables. “Ahí están los mayores problemas. La mayoría de las instituciones dependen de esos pagos y no pueden cubrir los gastos”.

Desde la Asociación Azul, Julián Vázquez sostuvo que “la mayoría de las terapias no se cubren” y, según señaló, en la Provincia ya hay centros de atención que están cerrando. “Es terrible, porque las obras sociales no te pueden garantizar ningún tipo de apoyo humano. Imaginate con una terapia”, remarcó, al describir la gravedad de la situación.

Además, apuntó al problema del transporte, una de las áreas más afectadas y cuya crisis se profundizó por el aumento del combustible. “Hay muchos recortes”, puntualizó.

Desde el sector de terapistas y profesionales advierten el mismo escenario. Jorge Avelleira, psicólogo y especialista en neurodesarrollo, sostuvo que, aunque los aranceles se actualizan por inflación, “siguen siendo insuficientes”, y que los “honorarios bajos, pagos atrasados y la precarización” empujan a profesionales a abandonar el sistema poniendo a las instituciones al límite.

“Esto impacta directamente en menos acceso a terapias, interrupciones en tratamientos y mayor carga para las familias”, advirtió.

En paralelo, crece la preocupación en el sector por los cambios que el Gobierno nacional busca introducir en la ley de discapacidad. La iniciativa propone eliminar el nomenclador único, dejando los valores sujetos a negociaciones entre prepagas, obras sociales y prestadores, reduce la intervención estatal y desvincula los aranceles de la inflación, lo que podría profundizar el atraso en los ingresos del sector.