A un año del fentanilo adulterado que provocó 111 muertes en el país

Las muertes del fentanilo contaminado, drama que estalló hace un año en La Plata, pero que rápidamente atravesó el país con nuevos casos fatales, han sido consideradas como el mayor desastre sanitario de la historia argentina reciente y se la ubica en el mismo nivel de impacto que la Tragedia de Once o el incendio del boliche Cromañón.

De acuerdo a fuentes judiciales, durante el presente mes de abril, el juez federal de nuestra ciudad Ernesto Kreplak, que está a cargo de la pesquisa, tendría pensado lanzar una nueva ronda de indagatorias con todos los imputados, ya que la anterior citación fue solamente por 20 fallecimientos y, con el avance de la pesquisa, logró sumar 91 víctimas más, además de 49 sobrevivientes con secuelas y otras pruebas clave.

De hecho acaba de ordenar nuevos allanamientos en los laboratorios vinculados a la producción de la sustancia adulterada.

Los procedimientos se realizaron en las plantas productoras Ramallo SA, ubicada en esa localidad bonaerense, y HLB Pharma Group SA, que operaba en el municipio de San Isidro.

Según trascendió, la medida judicial -llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina- tuvo como objetivo identificar cada una de las máquinas vinculadas a la producción y avanzar en su valuación para “precisar el embargo” que el magistrado impondrá a los 13 procesados.

En esa lista están Diego Hernán García; Nilda Furfaro; Javier Martín Tchukrán; Damián Roberto García; Carolina Ansaldi; José Antonio Maiorano; Adriana Iúdica; Wilson Daniel Pons; María Victoria García; Edgardo Gerardo Antonio Sclafani; Eduardo Darchuk; Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar y Rocío del Cielo Garay.

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En todos los casos, Kreplak los consideró “prima facie” responsables de los delitos de “adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas con resultado de muerte, en al menos 20 casos”, una figura penal que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Los mismos voceros expresaron que, tras las nuevas indagatorias, Kreplak deberá definir si mantiene, aumenta o reduce las cautelares trabadas, hoy de entre 10 mil y 500 mil millones de pesos.

El alerta estalló el 8 de marzo de 2025 cuando la ANMAT emitió una alerta sanitaria y prohibió el uso de varios lotes tras detectarse los primeros fallecimientos en el Hospital Italiano de La Plata.

La investigación incluyó estudios del Instituto Malbrán, que detectaron en las ampollas la presencia de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica.

Hasta el momento, el análisis de las historias clínicas realizado por el Cuerpo Médico Forense determinó que, en al menos 111 casos, existió una infección asociada al fentanilo adulterado.

Además, se comprobó que la exposición a estas bacterias incrementó significativamente el riesgo de muerte, especialmente en pacientes con cuadros clínicos complejos.

Cuando el escándalo ya estaba consolidado, en mayo de 2025, la organización activó un operativo de limpieza. Cámaras de seguridad privadas, recuperadas por la justicia, registraron una reunión en la casa de uno de los directores generales de la estructura.

En ese lugar, los hermanos García habrían decidido la eliminación de las pruebas. “Borramos todo... no hay un solo gramo de información”, les explicaron refiriéndose a los servidores del laboratorio.

Durante una reciente exposición ante la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados, el juez Kreplak ya había advertido sobre las dificultades estructurales para reconstruir los casos y puso el foco en la fragmentación de las historias clínicas.

En ese marco, reclamó avanzar hacia un sistema unificado y digital: “Se necesita establecer un mecanismo estandarizado, uniforme y digital de las historias clínicas”, sostuvo, al señalar que la dispersión de los registros médicos complica tanto la investigación judicial como la determinación precisa del impacto sanitario del fentanilo contaminado.

En esa misma línea, el magistrado explicó que el juzgado se encuentra abocado a reunir y sistematizar información clínica dispersa proveniente de distintos hospitales y jurisdicciones, con el objetivo de llegar a una cuantificación definitiva de los casos. “La idea es analizar las historias clínicas, reunir la información dispersa y enviar los casos de víctimas fatales y no fatales, para aproximarnos a lo que sería un número final”, afirmó Kreplak ante los diputados, dejando en claro que el análisis de las historias clínicas continúa siendo un eje central de su trabajo.