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Avanza la causa judicial y ponen bajo la lupa a al empresario por presunto lavado. Analizan firmas y fondos. Los detalles
La casa madre del fútbol fue requisada por la justicia federal / NA
La investigación judicial que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este viernes nuevos elementos que podrían marcar un antes y un después en la causa. Tras los allanamientos simultáneos en Ezeiza y en la sede de la calle Viamonte, la figura del empresario y dirigente Javier Faroni quedó aún más comprometida en un expediente que ya combina sospechas de defraudación, lavado de activos y triangulación de fondos.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Adrián González Charvay (el magistrado que reemplazó al destituido Federico Faggionato Márquez al frente del juzgado de Zárate-Campana), quien busca avanzar sobre documentación clave que permita reconstruir el circuito financiero detrás de millonarios contratos firmados por la entidad madre del fútbol argentino.
Durante la mañana y parte de la tarde de la jornada de ayer, fuerzas federales y peritos judiciales trabajaron en el predio de Ezeiza y en las oficinas administrativas de la AFA. Según fuentes del caso, el objetivo no se limitó a la incautación de balances contables, sino que se centró especialmente en contratos comerciales, registros digitales y documentación vinculada a empresas relacionadas con Faroni.
Entre el material secuestrado se encuentran soportes electrónicos, bibliatos con información financiera y acuerdos firmados en los últimos años, que ahora serán sometidos a peritajes técnicos para determinar la trazabilidad del dinero.
Los investigadores consideran que este material podría resultar determinante para confirmar la existencia de un esquema de desvío de fondos a través de sociedades intermediarias.
Uno de los ejes que cobró mayor relevancia en las últimas horas es el análisis de acuerdos firmados entre la AFA y empresas vinculadas al empresario. En particular, se investiga un contrato con la firma TourProdEnter LLC, que habría tenido un rol clave en la administración de pagos y cobros internacionales.
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De acuerdo con la información que circula en ámbitos judiciales, este tipo de convenios incluía comisiones que alcanzaban porcentajes elevados —en algunos casos cercanos al 30%—, lo que encendió las alarmas sobre posibles sobreprecios o mecanismos de extracción de recursos.
La Justicia intenta determinar si estos contratos respondían a condiciones de mercado o si, por el contrario, formaban parte de una estructura diseñada para canalizar fondos hacia circuitos opacos.
Otro de los puntos críticos de la investigación es el destino de los fondos generados por acuerdos comerciales de la AFA, particularmente aquellos vinculados a derechos internacionales y eventos.
Los investigadores sostienen que parte del dinero habría sido transferido al exterior mediante empresas radicadas fuera del país, principalmente en Estados Unidos. Este esquema, bajo análisis, podría haber servido para dificultar el rastreo de los fondos y facilitar maniobras de lavado.
En este contexto, el juzgado de González Charvay busca centralizar todas las causas relacionadas con el manejo financiero de la AFA para unificar criterios y avanzar de manera más eficiente en la reconstrucción de la ruta del dinero.
El predio de Pilar aparece como uno de los focos más sensibles del expediente. Allí se proyectaron obras de infraestructura deportiva cuyo financiamiento ahora está bajo investigación.
La Justicia intenta esclarecer: cómo se adjudicaron las concesiones vinculadas a ese proyecto; qué empresas participaron en las obras; de qué manera se financiaron los desarrollos; y qué rol desempeñaron las sociedades vinculadas a Faroni.
La hipótesis principal apunta a una posible triangulación de fondos a través de empresas relacionadas, lo que habría permitido direccionar beneficios económicos de manera irregular.
El expediente actual no se desarrolla de manera aislada. Forma parte de un entramado más amplio de investigaciones que involucran a dirigentes del fútbol argentino y a operaciones financieras bajo sospecha.
Entre las líneas paralelas que se conectan con esta causa se destacan: investigaciones por presunto lavado de dinero a través de financieras y empresas intermediarias; denuncias relacionadas con bienes de alto valor vinculados a dirigentes; y conflictos de competencia entre distintos juzgados por el control del expediente.
Estas conexiones refuerzan la hipótesis de una estructura compleja que habría operado durante años, combinando negocios deportivos con ingeniería financiera.
Si bien gran parte de la causa se mantiene bajo secreto de sumario, trascendió que la fiscalía ya trabaja en el cruce de datos patrimoniales, movimientos bancarios y registros societarios.
Este análisis podría derivar en nuevas imputaciones en el corto plazo, no solo para Faroni sino también para otros actores vinculados a la gestión administrativa y comercial de la AFA.
Fuentes cercanas a la investigación no descartan que, en las próximas semanas, se produzcan citaciones a indagatoria e incluso medidas judiciales más contundentes si se confirman las irregularidades.
El impacto de la causa trasciende lo judicial. La investigación pone en cuestión los mecanismos de control interno de la AFA y abre interrogantes sobre la transparencia en la gestión de los recursos del fútbol argentino.
El avance de la Justicia podría tener consecuencias institucionales de peso, en un contexto donde la credibilidad de las entidades deportivas vuelve a quedar bajo escrutinio público.
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