¿Y si al expríncipe Andrés le dan cadena perpetua?

El expríncipe Andrés está siendo investigado por un delito con nombre técnico pero consecuencias explosivas: mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Según el Servicio de la Fiscalía de la Corona, este delito implica: “Un abuso o negligencia grave e intencional del poder o de las responsabilidades del cargo público que se ocupa”. La pena máxima es cadena perpetua.

No se trata de una acusación menor. Si los fiscales consideraran que utilizó su rol institucional para beneficiar a Jeffrey Epstein, el caso podría convertirse en uno de los procesos más impactantes en la historia reciente de la monarquía británica.

¿Qué tendría que probar la Fiscalía?

Para que Andrés sea formalmente acusado —y eventualmente condenado— los investigadores deberían demostrar varios puntos clave:

- Que ejercía un cargo público. Entre 2001 y 2011 fue enviado especial del Reino Unido para el comercio y la inversión internacionales.

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El problema: era un rol no remunerado, aunque con gastos cubiertos por el Estado.

Los fiscales deberán determinar si ese puesto encuadra jurídicamente como “cargo público”.

- Que actuó de manera deliberada. No basta con un error.

Debe existir una conducta intencional o una omisión consciente de sus deberes.

- Que hubo abuso de confianza pública. La conducta debe ser tan grave que constituya un abuso de la confianza depositada en él como representante del Reino Unido.

- Que no exista una justificación razonable. Si pudiera argumentar que sus actos tenían una explicación válida dentro de sus funciones diplomáticas o comerciales, el caso podría debilitarse.

Documentos publicados recientemente en Estados Unidos sugieren que Andrés habría entregado a Epstein: informes comerciales confidenciales e información sensible vinculada a su rol institucional.

Si se comprobara que compartió material reservado aprovechando su posición oficial, el eje de la acusación se fortalecería significativamente.

Aunque la ley contempla la pena máxima de prisión de por vida, los expertos son cautos.

Marcus Johnstone, director de PCD Solicitors, aseguró que el umbral probatorio es “extremadamente alto” y que los casos contra figuras de alto nivel son excepcionalmente raros.

En la práctica, si hubiera condena, la pena probablemente oscilaría entre uno y diez años de prisión, muy lejos del máximo teórico.

El delito en cuestión tiene raíces en la Edad Media.

La Comisión de Derecho del Reino Unido lo considera impreciso y ha pedido su reforma durante años.

Esto juega en dos sentidos: puede facilitar que se abra una investigación amplia. Pero también dificulta conseguir una condena sólida.

¿Qué tan cerca está de un juicio?

Por ahora: no hay cargos formales. Quedó en libertad tras ser interrogado. Y la Fiscalía aún analiza las pruebas.

Como señaló Johnstone: “Todavía estamos muy lejos de un posible procesamiento”. Sin embargo, el simple hecho de que un miembro de la realeza británica esté bajo investigación penal por abuso de funciones públicas ya representa un golpe institucional sin precedentes.

La pregunta que ahora flota en el aire es contundente: ¿Será este el caso que termine de romper el vínculo entre la Corona y el escándalo Epstein?