Tras una jornada maratónica, Diputados aprobó la reforma laboral en general

En una sesión atravesada por el paro general convocado por la CGT, cruces permanentes en el recinto y una maniobra opositora para hacer caer el debate por falta de quórum, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones, y significó un paso clave para el oficialismo, que ahora deberá esperar la revisión definitiva del Senado el próximo viernes 27, luego de las modificaciones introducidas en la Cámara baja.

El bloque de La Libertad Avanza logró reunir el quórum de 130 legisladores necesario para habilitar la discusión. Además de sus propios diputados, aportaron presencia y votos aliados habituales como el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, entre otros espacios provinciales. Ese respaldo resultó determinante para que el proyecto avanzara en medio de un clima político cargado y de fuerte confrontación.

La votación en general representó una victoria parlamentaria de peso para el presidente Milei, quien aspira a convertir la sanción definitiva de la reforma en uno de los ejes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. Sin embargo, el texto deberá volver al Senado —cámara de origen— para que ratifique los cambios introducidos por Diputados, entre ellos la eliminación del artículo 44, que proponía reducir los salarios durante las licencias médicas, un punto que había generado fuertes resistencias incluso en sectores dialoguistas.

Uno de los momentos más tensos de la jornada se produjo cuando el kirchnerismo intentó aprovechar la ausencia circunstancial de varios legisladores oficialistas en el recinto para forzar una votación que dejara sin quórum la sesión. La jugada buscaba hacer caer el tratamiento del proyecto en plena discusión. Desde el oficialismo calificaron la maniobra como una “picardía parlamentaria”, mientras que la oposición la defendió como una herramienta reglamentaria válida. Finalmente, los libertarios lograron recomponer la presencia en sus bancas y el debate continuó, aunque el episodio dejó expuesto el nivel de tensión que dominó toda la jornada.

El proyecto aprobado, que supera los 200 artículos, introduce cambios de fondo en la Ley de Contrato de Trabajo y en el esquema de relaciones laborales vigente. Entre los puntos centrales, plantea una reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido, habilita el fraccionamiento de las vacaciones y crea un banco de horas como alternativa al pago tradicional de horas extra. También permite extender la jornada laboral diaria de ocho a doce horas, siempre que se respete un descanso mínimo de doce horas entre jornadas.

Además, la iniciativa contempla la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la órbita de la Justicia porteña, limita el alcance del derecho de huelga y prioriza los acuerdos por empresa o regionales por sobre los convenios colectivos sectoriales nacionales. Para el oficialismo, se trata de una modernización destinada a flexibilizar el mercado laboral y fomentar la formalización; para la oposición, implica una pérdida sustancial de derechos adquiridos.

Desde Unión por la Patria y los bloques de izquierda, las críticas fueron contundentes. Calificaron la reforma como “anti laboral”, “regresiva” e “inconstitucional”, y anticiparon que, en caso de convertirse en ley, será judicializada. Vanesa Siley advirtió que el texto implica “una transferencia de riqueza fenomenal que va a causar dolor y miseria a millones de trabajadores”, mientras que Sergio Palazzo la definió como “la regresión más brutal en la historia de los derechos laborales” y cuestionó con dureza a los radicales que acompañaron la iniciativa.

Miguel Pichetto sostuvo que la norma “de modernización no tiene nada”, y el radical disidente Pablo Juliano rechazó respaldarla en nombre de la tradición alfonsinista. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro alertó que la reforma generará “más incentivos para facilitar la salida de trabajadores que para promover su ingreso al sistema formal”.

En defensa del proyecto, el miembro informante del oficialismo, Lisandro Almirón, argumentó que “para proteger el trabajo primero tiene que haber trabajo” y sostuvo que el actual marco regulatorio “expulsa a las personas de la formalidad”. El radical Lisandro Nieri, por su parte, replicó que quienes hoy cuestionan la reforma no avanzaron en cambios estructurales cuando fueron gobierno, pese a contar con mayorías parlamentarias.