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Cada vez más estados e instituciones limitan el uso de estos dispositivos, sobre todo en las ámbitos educativos, por su impacto en la atención, la salud mental y la convivencia. El debate sigue abierto entre erradicarlos o inculcar un uso responsable
Freepik
En las aulas de Francia, en los patios escolares de Italia, en colegios de Países Bajos y en debates que comienzan a ganar espacio en América Latina, el teléfono celular dejó de ser un simple objeto de uso cotidiano para transformarse en un problema público. Lo que durante años fue celebrado como una herramienta de acceso ilimitado a la información hoy aparece señalado como una fuente de distracción, ansiedad y conflicto. Por eso, en distintos países del mundo, gobiernos y sistemas educativos avanzaron con prohibiciones o fuertes restricciones que reabrieron una discusión de fondo: hasta dónde regular la tecnología en nombre del bienestar social y educativo.
La escena es conocida y se repite con mínimas variaciones. Un aula en silencio, estudiantes con la vista fija en la pantalla en lugar del pizarrón, notificaciones que interrumpen explicaciones y conflictos que nacen en el recreo pero se expanden en redes sociales. En ese contexto, la decisión de prohibir o limitar el uso de celulares aparece como una respuesta directa a una percepción cada vez más extendida: el teléfono compite con la atención, erosiona la concentración y altera la dinámica escolar.
Uno de los primeros países en avanzar de manera formal fue Francia, que sancionó una ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en escuelas primarias y secundarias, salvo en casos pedagógicos puntuales. La medida luego fue replicada, con distintos formatos, por Italia, Hungría, Grecia, Países Bajos y otros países europeos. En todos los casos, el argumento central es el mismo: proteger el proceso de aprendizaje.
Organismos internacionales como la UNESCO vienen advirtiendo que la presencia constante del celular en el aula tiene un impacto negativo en el rendimiento académico. No se trata solo de la tentación de revisar mensajes o redes sociales, sino de un cambio profundo en la forma de aprender. La atención fragmentada, la dificultad para sostener lecturas largas o razonamientos complejos y la dependencia de estímulos inmediatos aparecen como síntomas de una escolaridad atravesada por la hiperconectividad.
Para muchos docentes, la prohibición no busca demonizar la tecnología, sino recuperar condiciones mínimas para enseñar. Menos interrupciones, más escucha, más intercambio cara a cara. En ese sentido, el celular es visto como un ruido constante que interfiere en una tarea que ya de por sí enfrenta enormes desafíos.
Más allá del rendimiento escolar, la preocupación por la salud mental de niños y adolescentes ocupa un lugar cada vez más central en este debate. Ansiedad, trastornos del sueño, problemas de autoestima y una exposición temprana a contenidos violentos o sexualizados forman parte del diagnóstico que empuja a muchos gobiernos a intervenir.
El teléfono móvil, como puerta de entrada permanente a redes sociales y plataformas digitales, aparece señalado como un factor de riesgo cuando no existen límites claros ni acompañamiento adulto. La lógica de la conexión constante, la comparación permanente y la búsqueda de validación a través de “likes” impacta de lleno en edades sensibles. En ese marco, la prohibición del celular durante la jornada escolar es presentada como una forma de crear un espacio de pausa, un tiempo sin pantallas en medio de una vida cada vez más digitalizada.
Otro de los motivos que explica la expansión de estas medidas es el crecimiento del ciberacoso. A diferencia del bullying tradicional, que solía quedar circunscripto al ámbito escolar, el acoso digital no se apaga con el timbre de salida. Mensajes, fotos, rumores y videos pueden circular las 24 horas, amplificando el daño y dejando a las víctimas sin refugio.
Al restringir el uso del celular en la escuela, muchos sistemas educativos buscan reducir esa exposición constante al conflicto y desalentar prácticas como la filmación y difusión de situaciones de violencia entre pares. No es una solución total, admiten incluso quienes impulsan estas políticas, pero sí un intento de cortar la cadena de agresiones en uno de los espacios donde más se reproducen.
No todas las restricciones al uso de celulares tienen que ver con educación o bienestar. En algunos países, las limitaciones están directamente vinculadas al control estatal y a cuestiones de seguridad. Corea del Norte es el ejemplo más extremo: allí el acceso a teléfonos móviles está fuertemente regulado y los dispositivos disponibles cuentan con sistemas de censura que impiden el acceso libre a internet. El objetivo no es mejorar la concentración en clase, sino controlar el flujo de información y evitar el contacto con el exterior.
En otros contextos, como en países que regulan estrictamente el uso de teléfonos satelitales, las restricciones responden a preocupaciones de seguridad nacional o control de las telecomunicaciones. Son escenarios distintos, pero que muestran cómo el celular también puede convertirse en una herramienta política y estratégica.
A pesar del avance de estas medidas, la discusión está lejos de saldarse. En países como el Reino Unido, estudios recientes pusieron en duda la eficacia de prohibir el celular en la escuela como solución definitiva. Algunas investigaciones señalaron que la restricción no siempre se traduce en mejores resultados académicos ni en una mejora sostenida del bienestar emocional, ya que muchos estudiantes compensan el tiempo sin teléfono durante la jornada escolar con un uso más intensivo fuera de ella.
Francia sancionó una ley que prohibe el uso de teléfonos móviles en primarias y secundarias
Estos datos alimentan una mirada alternativa, que propone pasar de la prohibición al aprendizaje del uso responsable. Integrar el celular como herramienta educativa, enseñar criterios de consumo digital y fomentar una relación más consciente con la tecnología aparecen como caminos posibles frente a una realidad que difícilmente retroceda.
Entre la prohibición total y la integración regulada, muchos sistemas educativos ensayan soluciones intermedias: lockers para guardar los teléfonos, uso permitido solo en determinados momentos o habilitación exclusiva para actividades pedagógicas. Lo que queda claro es que el debate ya no gira solo en torno al celular, sino al tipo de vínculo que las sociedades quieren construir con la tecnología.
El teléfono móvil, símbolo de libertad y conexión permanente, se transformó también en un espejo incómodo que refleja las tensiones de una época hiperconectada. En ese equilibrio frágil entre controlar y acompañar, entre poner límites y enseñar a usarlos, se juega una discusión que va mucho más allá del aula y que interpela directamente a familias, escuelas y Estados.
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