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Dijo que no quiere heridos ni muertos en las protestas por operativos contra ilegales en Minnesota, y envió allí a su “zar” antiinmigración para que recabe información
Una imagen del enfermero Alex Pretti en un memorial improvisado en la zona donde agentes de inmigración lo mataron a tiros en Mineápolis
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajó ayer el tono de su discurso frente a la escalada de tensión en Minnesota por las redadas contra migrantes indocumentados y aseguró que no quiere ver personas “heridas o muertas” durante las protestas, aunque volvió a reclamar que termine lo que calificó como “resistencia y caos” frente a la actuación de los agentes federales.
El mensaje llegó tras dos muertes ocurridas en la ciudad de Mineápolis en menos de tres semanas en el marco de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hechos que desataron una ola de protestas, homenajes callejeros y un fuerte choque político entre la Casa Blanca y las autoridades locales.
Trump informó en su red Truth Social que mantuvo una conversación telefónica con el gobernador demócrata Tim Walz, a la que calificó como “muy positiva”, y prometió mantener el diálogo. “Parece que estamos en la misma longitud de onda”, afirmó, al tiempo que adelantó que volverán a hablar en los próximos días.
En paralelo, el mandatario anunció el envío a Minnesota de su “zar” contra la inmigración ilegal, Tom Homan, un veterano del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para que le informe de primera mano sobre la situación en el terreno.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt insistió en que Trump “no quiere ver gente herida o muerta en las calles de Estados Unidos”, pero acusó a las autoridades demócratas del estado y de la ciudad de difundir “mentiras” sobre los agentes federales. Según Leavitt, esos agentes “arriesgan su vida a diario para sacar de las calles a los peores extranjeros criminales en situación ilegal”.
Las protestas se intensificaron tras la muerte de Renee Good, una activista de 37 años y madre de tres hijos, abatida por agentes del ICE el pasado 7 de enero cuando se encontraba en su vehículo.
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El sábado, otro operativo terminó con la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que estaba filmando la actuación policial. De acuerdo con la versión oficial, Pretti se resistió al arresto y portaba un arma cargada y oculta.
Videos difundidos por activistas muestran un forcejeo confuso, hasta que se escucha a un agente gritar “¡pistola!” y, segundos después, una ráfaga de disparos cuando el hombre ya estaba en el suelo. Pretti tenía licencia legal para portar armas, según medios estadounidenses.
Bajo temperaturas glaciales, activistas y vecinos realizaron ayer un homenaje al enfermero fallecido. “Basta con mirar el video. Cualquiera que tenga ojos puede ver lo que pasó ese día. Esta no es la América que queremos”, expresó Tricia Dolley, también enfermera, durante la vigilia.
La crisis también se trasladó a los tribunales. Un tribunal federal de Minnesota celebró una audiencia para analizar si el despliegue del ICE viola leyes estatales, mientras que otra jueza evaluó una demanda del fiscal general del estado destinada a impedir que el gobierno federal destruya posibles pruebas relacionadas con la muerte de Pretti.
Mineápolis, gobernada por demócratas, es una ciudad santuario, lo que implica que su policía no coopera con las autoridades migratorias federales.
El conflicto abrió además grietas dentro del propio Partido Republicano. Varios senadores oficialistas reclamaron una investigación exhaustiva sobre los homicidios y pidieron cooperación con las autoridades locales.
Del lado demócrata, la respuesta fue más dura: legisladores del Congreso amenazaron con bloquear votaciones presupuestarias clave si no se suspende el despliegue del ICE y de la policía fronteriza en ciudades santuario. “Esta represión violenta debe detenerse. No puedo votar para financiar el DHS mientras continúe esta política”, advirtió el senador Mark Warner.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, fue más allá y anticipó que bloqueará cualquier nueva financiación que incluya al DHS, al que considera incapaz de controlar los abusos del ICE. Desde el gobierno, el fiscal general adjunto Todd Blanche defendió la estrategia y contrastó la situación con otros estados: “Deportamos diez veces más inmigrantes ilegales de Texas que de Mineápolis. ¿Por qué no hay problemas en Texas? Porque allí hay cooperación local”.
En pleno año electoral, Trump sumó otro frente de presión política en Minnesota al denunciar una supuesta investigación por fraude en servicios sociales por más de 20.000 millones de dólares, vinculada -según afirmó- a ayudas recibidas mayoritariamente por la comunidad somalí del estado. Mientras el presidente intenta mostrarse conciliador en el discurso, la combinación de redadas, muertes, protestas y pulseadas políticas mantiene a Minnesota como uno de los focos más sensibles del debate migratorio en Estados Unidos.
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