Los detenidos por el escándalo del Senado provincial piden ser oídos

Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del Senado bonaerense, siguen detenidos en el marco de una investigación judicial, que habría desnudado una presunta trama de abusos sexuales y de poder dentro del propio Palacio Legislativo. Más precisamente en la oficina 007. El número del famoso espía británico, que inmortalizó la serie de James Bond.

El primero de ellos imputado en el rol de autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal conforme lo normado por el art. 119 tercer párrafo del Código Penal (Hecho I); abuso sexual con acceso carnal agravado por el empleo de arma conforme lo normado por el art. 119 cuarto párrafo inc. d) del Código Penal (Hecho II) y abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos personas -varios hechos en concurso real entre sí- conforme lo normado por los arts. 55 y 119 cuarto párrafo inc. d) del Código Penal (Hechos III y IV)”. Y la segunda como partícipe necesaria, pero solo de los hechos III y IV.

Su situación, como se desprende de las actuaciones que lleva adelante la fiscal Betina Lacki, bajo el control del juez de garantías Juan Pablo Masi, es muy gravosa. Y la defensa presume que la prisión preventiva está muy cerca para ambos.

Más allá de un pedido de prórroga para el requerimiento de esa medida, que vence el próximo 28 de enero, el abogado Gastón Maximiliano Nicocia se adelantó y le solicitó al magistrado de intervención que cite a sus defendidos para ser oídos.

Los voceros consultados indicaron que esa presentación buscaría un plafón para después ir en busca de una morigeración de las condiciones de detención, bajo el argumento de una ausencia de peligros procesales.

Para eso será clave el resultado de los peritajes psicológicos que se desarrollarán en la Asesoría de Tribunales.

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También, aunque a los efectos investigativos, se aguarda el resultado de la apertura y análisis de todos los dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la causa, que podría abrir una línea de conducción a otros posibles responsables de esas aberrantes prácticas.

Una fuente con acceso al caso expresó “hay mucha gente que está nerviosa”.

HABLARON LAS VÍCTIMAS

A resguardo, al aire libre y con sus identidades preservadas, tres mujeres hablaron de los hechos y dieron su testimonio.

Las tres denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual y la reserva es obligatoria. Dos tienen menos de 30 años y la tercera apenas los supera.

Trabajan y estudian -o lo intentaron- y provienen de sectores populares y de clase media.

Se acercaron a la política desde la militancia, con una convicción común: transformar la realidad. Nunca imaginaron que ese recorrido derivaría, según sus denuncias, en una trama de abuso, manipulación y silencio dentro de una de las instituciones centrales del poder político bonaerense.

La detención de los acusados, el 29 de diciembre de 2025, marcó un antes y un después. “Estamos fuertes”, dicen. “Sentimos que volvimos a vivir”, en una entrevista concedida al diario Clarín.

Rodríguez y Silva Muñoz fueron referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, un espacio kirchnerista que se desprendió de Unidos y Organizados y que luego pasó a integrar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera el actual Gobernador.

Ambos ocupaban roles de conducción política y formación militante. Rodríguez, además, fue docente en el colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito desde el cual -según surge de la investigación- habría captado al menos a una de las víctimas.

En la causa también se lo señala como sensei de la presunta secta “La Orden de la Luz” que, de acuerdo a las pesquisas judiciales, utilizaba mails con lenguaje encriptado.

Las víctimas son representadas por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, quienes describen un patrón reiterado: captación a través de la militancia, promesas de acompañamiento, inserción laboral en el Estado, contratos con altos ingresos y exigencias de devolución de parte del salario “para tareas militantes”. Una relación de poder asimétrica que, según las denunciantes, derivaba en sometimiento.