Buitres piden acciones de Aerolíneas y el Nación

El fondo Bainbridge presentó un nuevo reclamo ante la justicia de Estados Unidos para intentar cobrar una sentencia por U$S95 millones contra la Argentina por bonos impagos del default de 2001.

En un escrito enviado a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitó que se le transfieran acciones del Estado argentino en Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación como forma de pago de ese fallo.

La presentación lleva la firma del abogado Anthony J. Costantini, del estudio Duane Morris LLP. En el texto remitido a Preska, se señala que, pese a haber obtenido en diciembre de 2020 una sentencia firme por 95.424.899,38 dólares, el monto “permanece completamente impago hasta la fecha”.

Ante la situación, Bainbridge le pidió a Preska que autorice una medida extraordinaria: la entrega de los intereses de propiedad del Estado argentino en esas dos compañías estatales.

La solicitud incluye tres pasos: que la Argentina entregue las acciones de Aerolíneas y del Banco Nación; que esos activos se depositen en una cuenta custodiada en un banco de Nueva York; y que esa institución transfiera finalmente la titularidad al fondo o a quien este designe, como forma de ejecutar la sentencia pendiente.

Bainbridge es uno de los fondos que no aceptó ninguno de los canjes de deuda que ofreció la Argentina tras el colapso de 2001. Se mantuvo fuera de las reestructuraciones de 2005, 2010 y 2016, y llevó su caso ante la justicia de Nueva York, que en 2020 le dio la razón. Desde entonces, el fondo intenta cobrar su fallo a través de distintos mecanismos de embargo, con resultados mixtos.

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En 2023, por ejemplo, Bainbridge había solicitado quedarse con parte de las reservas del Banco Central. Ese planteo fue rechazado por Preska y el fondo no apeló la decisión.

Más recientemente, tanto Bainbridge como Burford Capital -conocido por su rol en el caso YPF- pidieron la ejecución de acciones de la petrolera estatal como forma de pago de sus respectivas sentencias. Preska accedió, pero la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió la orden, y aún analiza si confirma o revoca esa decisión.

El nuevo reclamo sigue el mismo camino. No existen antecedentes firmes en la jurisprudencia estadounidense que avalen la transferencia forzada de acciones de empresas estatales extranjeras, indicó el exprocurador Sebastián Soler.

Sin embargo, Bainbridge insiste en que esa sería una vía válida para cobrar su sentencia.

En el caso YPF, el propio gobierno de Donald Trump presentó escritos en apoyo a la postura argentina, y puntualizó los riesgos que una medida de ese tipo podría implicar para la inmunidad soberana.

De avanzar la orden, la Argentina podrá apelar y solicitar nuevamente que se suspenda su aplicación hasta que la Cámara se pronuncie. Es lo que sucedió en los casos anteriores, recordó Soler. Mientras, el país acumula reveses en los tribunales neoyorquinos.