Presupuesto 2026: el desajuste del optimismo

Universidad del Este (UDE)

El Gobierno presentó al Congreso su proyecto de Presupuesto 2026 planteando el tercer año consecutivo con equilibrio financiero, lo cual busca instalar como la principal marca de su gestión. En la narrativa oficial, este resultado refleja la consolidación de la estabilización macroeconómica y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido. Sin embargo, al analizar en detalle las proyecciones y supuestos macroeconómicos, surgen dudas sobre la viabilidad de un escenario que luce en extremo optimista en varios frentes y no se condice con los últimos datos del escenario económico.

Durante comienzos del 2025, la economía mostró señales de recuperación tras la fuerte contracción previa. El Gobierno se monta sobre estos resultados parciales, para proyectar un 2026 de crecimiento, a pesar de que la mayoría de estos indicadores se han enfriado o directamente revertido desde el segundo trimestre del año. Para cumplir con estas proyecciones deberíamos ver un fuerte rebote en el segundo semestre del año que hasta ahora no se visualiza. Para 2026, el Presupuesto plantea un escenario de crecimiento sostenido (5% del PIB), sustentado en dos pilares: la expansión de la inversión privada y un aumento de las exportaciones. El Gobierno destaca como motores al complejo agroindustrial, la minería del litio, la energía no convencional y la economía del conocimiento. Estos sectores son efectivamente dinámicos, pero su desempeño dependerá de precios internacionales, financiamiento externo y condiciones de competitividad interna.

En materia de inflación, la proyección oficial es aún más ambiciosa: tras el 39% interanual registrado a mitad de 2025, se prevé una convergencia a un dígito durante 2026. La trayectoria de los precios mayoristas, que ya mostraba variaciones anuales de un solo dígito a fines de 2025, refuerza la expectativa oficial. Sin embargo, alcanzar ese objetivo supone que las tensiones en el mercado cambiario que hemos visto los últimos meses no genere presiones que vuelvan a acelerar la dinámica inflacionaria.

Respecto al sector externo, el programa plantea un incremento del déficit comercial, que se estima en -2.447 millones para 2025 y llega a -5.751 millones en 2026. Esta proyección se compone de un incremento de las exportaciones del 9,1% y de las importaciones del 12,0% (en millones de dólares). Según el proyecto enviado, esto irá de la mano con mayor apreciación cambiaria. Sin duda esta parte del programa no ahorrara todo tipo de ironías durante el debate pues para fin de año se supone un tipo de cambio de $1.325 y para el año que viene de $1.423. Esto supone un aumento anual del 7,4% respecto al valor proyectado para diciembre, y una reducción del -3,4% respecto al valor actual del tipo de cambio. Con estas proyecciones, el ITCRM caería a los 92,6 puntos. Para tener una referencia, sería un nivel similar al de mediados de julio cuando comenzaron las tensiones cambiarias.

El corazón del Presupuesto es la meta de mantener un superávit financiero en torno al 0,3% del PIB en 2026. La apuesta del Gobierno es que la recuperación de la actividad y el fortalecimiento de la base imponible permitan un crecimiento real de los ingresos del 0,47% del PIB. Lejos de reducir impuestos, el proyecto prevé mayores ingresos en la mayor parte de los mismos. Debido a una proyección de mayor producción, consumo y empleo se estima crecimiento real del IVA, el Impuesto a las Ganancias, los Impuestos Internos Coparticipados, Derechos de Exportación, Derechos de Importación, Impuesto sobre los Créditos y Débitos y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. A su vez, se proyecta el crecimiento del Impuesto sobre los Combustibles por actualizaciones de las sumas fijas. El único impuesto que se vería reducido seria Bienes Personales, dado el impacto de la menor alícuota y la adhesión al Régimen Especial.

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En el gasto, debe tenerse en cuenta la “regla fiscal” propuesta, según la cual, en caso de menores ingresos a los previstos (lo cual se ubica como “escenario de base” dada la proyección demasiado optimista de crecimiento) deben ajustarse aquellas partidas que no están establecidas por Ley. Además, se derogan varios artículos que establecen pautas en el gasto: el 6% del PIB para educación, el 1% del PIB para inversión en ciencia y tecnología, gran parte del Régimen de Zona Fría y el carácter móvil de las asignaciones familiares, entre lo más destacado.

El corazón del Presupuesto es la meta de un superávit financiero del 0,3% del PIB

En su totalidad, el gasto tiene un incremento real (dada la inflación proyectada) de 6,0%, donde las partidas que más crecen son Salud (16,9%), subsidios al transporte (8,5%) y educación (8,0%) mientras que se reducen la mayoría de rubros en subsidios económicos. Sin embargo, bajo un escenario de mayor inflación y menor crecimiento, es plausible que los ingresos fiscales sean menores y estos incrementos pasen a ser recortes reales, a los que además se sumarán recortes discrecionales por la regla fiscal enunciada. Esto significa menor cantidad (aún) de obras públicas, menos transferencias a provincias que permitan sustentar los ingresos del personal de salud seguridad, menor Presupuesto para educación, salud y ciencia, etc.

En conclusión, el Presupuesto 2026 refleja la continuidad del programa económico de Milei: disciplina fiscal a rajatabla, apertura de la economía y confianza en la inversión y las exportaciones como motores de crecimiento. Sobre el papel, las cuentas “cierran” y la trayectoria luce consistente. El problema es que el escenario depende de supuestos irrealistas en un país con restricciones estructurales profundas, y en un contexto donde la credibilidad del programa se ha deteriorado a un nivel ya crítico. Más que un pronóstico económico, el Presupuesto 2026 parece una apuesta política por sostener la credibilidad del plan, con el riesgo de que la realidad termine, nuevamente, desbordando las proyecciones oficiales.