Casi la mitad de los intereses de un préstamo se va en pagar impuestos

Un informe reciente de la Fundación Mediterránea advierte que la carga tributaria representa hasta el 44% del costo total de un préstamo. Esto implica que, de cada $1.000 abonados en intereses por un crédito personal, $440 son impuestos y solo $560 corresponden a la tasa de interés pura que aplica la entidad financiera. La cifra pone en evidencia el fuerte peso del esquema impositivo argentino sobre el financiamiento, una situación que afecta tanto a personas como a empresas.

El problema no se limita al orden nacional. De los 155 tributos registrados en el país, 85 son de origen municipal, según el Vademécum Tributario 2025 del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Esta atomización, combinada con superposiciones y falta de coordinación entre jurisdicciones, termina generando una estructura de costos distorsiva y opaca para el consumidor financiero.

El informe del IERAL detalla que los impuestos que más inciden en los créditos personales son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre intereses, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, los Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y distintas tasas municipales. Entre estas últimas, se destacan los cargos por sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, que muchos municipios cobran a las entidades bancarias y que luego trasladan al usuario.

En los casos más extremos, se observó un incremento del Costo Financiero Total (CFT) de hasta 17 puntos porcentuales por efecto de los tributos. Así, un préstamo con una tasa de interés del 40% puede trepar hasta un 57% solo por impuestos.

El fenómeno no es nuevo, pero se ha acentuado en los últimos años. El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que durante 2024 se crearon al menos seis nuevas tasas a nivel nacional, mientras que en la provincia de Buenos Aires, 13 de los 45 municipios relevados aumentaron sus alícuotas respecto a 2022. Solo uno decidió reducirlas.

Entre las tasas más llamativas aparece la contribución obligatoria por mantenimiento de la red de tránsito pesado impuesta en Avellaneda o la tasa sobre combustibles aplicada por municipios como Pilar, Merlo, José C. Paz, Moreno, Marcos Paz, Escobar y Hurlingham. También se detectaron nuevas imposiciones como la libreta sanitaria vinculada a actividades económicas en Berazategui y un derecho por transferencia de inmuebles dentro de parques industriales en Azul.

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Esta presión tributaria no solo afecta a quienes solicitan créditos. Algunos bancos, como el Nación o el Santander, decidieron trasladar sus sucursales a municipios con menores cargas fiscales. Incluso Mercado Libre cerró oficinas en Córdoba argumentando aumentos impositivos.

La situación también alcanza al sector productivo. Una encuesta de la UIA reveló que el porcentaje promedio que pagaban las empresas industriales en tasas municipales pasó de 0,79% en 2022 a 0,85% en 2024. Si bien parece un cambio leve, el impacto acumulado es significativo. Además, una consulta realizada por KPMG Argentina identificó a Ingresos Brutos como el tributo con mayor efecto negativo sobre las empresas, seguido por el Impuesto a las Ganancias y las tasas municipales.

Según ese mismo sondeo, el 93% de los ejecutivos y especialistas consultados opinó que el esquema tributario argentino no estimula la inversión. El economista Daniel Garro, de International Valeu Group, señaló que el peso de los impuestos en los créditos es desproporcionado y afecta tanto al costo financiero como al general.

“El problema se agrava cuando se considera que los productos y servicios adquiridos con esos créditos también están fuertemente gravados”, indicó.

Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) estimaron que, de cada $1.000 gastados, $490 corresponden a impuestos. Esto reduce significativamente la capacidad real de consumo de quienes acceden al financiamiento. Su presidente, Juan Alejandro Castro, alertó que el actual modelo impositivo no solo castiga el consumo, sino que también perpetúa la exclusión económica.

En el caso de los créditos a empresas, el impacto de los tributos también es elevado, aunque las alícuotas suelen ser menores. El IVA sobre intereses, por ejemplo, se reduce al 10,5%. Según el IERAL, el CFT para una empresa puede pasar de 40% a 52,2%, o a 47,3% si se considera el IVA como crédito fiscal. Para las mipymes, el efecto es más moderado: el costo aumenta alrededor de 6,4 puntos porcentuales gracias a la posibilidad de deducir el impuesto al cheque.

Al analizar créditos hipotecarios, el impacto fiscal también es considerable. Para un préstamo destinado a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, el CFT solo se incrementa 1,9 puntos sobre una tasa base del 40%, gracias a exenciones específicas. Sin embargo, si el destino no es ese, la carga impositiva vuelve a acercarse al promedio de los préstamos personales.

En este contexto, algunos municipios comienzan a tomar nota. El caso de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires, fue destacado por empresarios y especialistas por haber reducido tasas e impuestos para favorecer la radicación de empresas en su jurisdicción. Aun así, se trata de una excepción en un país donde la tendencia general sigue siendo la de aumentar la presión fiscal.

La Fundación Mediterránea advierte que, si bien en 2024 comenzaron a reducirse algunas restricciones financieras, las tasas reales positivas, combinadas con la alta carga impositiva, siguen frenando el acceso al crédito para muchas familias y empresas. Según sus estimaciones, en abril de 2025 la Tasa Efectiva Anual (TEA) de un crédito personal -sin incluir impuestos y ajustada por inflación- rondaba el 60%. Para empresas, si bien las tasas nominales eran menores, el CFT final seguía siendo alto, incluso en operaciones en dólares, donde se ubicaba en torno al 6%.

Los especialistas coinciden en que bajar los impuestos sobre el crédito tendría un impacto positivo directo en la inclusión financiera. También sostienen que la coordinación entre niveles de gobierno es fundamental para evitar la duplicación de tributos, como ocurre con la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), una de las más cuestionadas por su falta de proporcionalidad y de contraprestación efectiva.

Por todo esto es que el crédito en Argentina no solo enfrenta tasas elevadas por condiciones de mercado, sino que también arrastra un componente fiscal desproporcionado. Si el objetivo es ampliar el acceso al financiamiento, fomentar la inversión y estimular el consumo, una reforma profunda del esquema impositivo se vuelve urgente.