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Investiga las presuntas irregularidades en el ingreso de equipaje en un avión privado vinculado a la dirigente Laura Arrieta
El avión de las “irregularidades”. Los círculos marcan el vehículo de traslado y las valijas / Captura TV
Una investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó irregularidades en los controles al equipaje de un avión en el que viajaba la dirigente conservadora de la CPAC, Laura Belén Arrieta, que habría ingresado a la Argentina con 10 valijas que no pasaron los controles obligatorios.
La causa judicial también analiza posibles delitos en la llegada de la aeronave, propiedad del empresario y exagente de la SIDE Leonardo Scatturice, muy vinculado a lo más alto del Gobierno.
Un informe del canal TN reveló imágenes del expediente que muestran a Arrieta y a dos colaboradores bajando más valijas de las que se informaron originalmente. La primera denuncia la había realizado el periodista Carlos Pagni, de La Nación, que sembró dudas sobre si ese equipaje se escaneó y sobre la escala que realizó la mujer en Buenos Aires (estuvo una semana y luego siguió viaje a París). Eso disparó un pedido de informes de la Coalición Cívica-ARI en el Congreso.
Ante la escandalosa revelación, el diputado lilito Maximiliano Ferraro habló en un posteo de X de “las valijas del poder”. Y expuso al vocero presidencial Manuel Adorni, quien había dicho que todo el movimiento aduanero se hizo “siguiendo todos los protocolos”.
Ferraro recordó que el 11 de marzo pasado presentó 4 pedidos de acceso a la información pública a Migraciones, Aduana, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) pero el Poder Ejecutivo los rechazó “por incompetencia y/o reserva de la información”.
“Al parecer han ocultado la información con el solo fin de tapar el escándalo. Me reconforta que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) avance en la investigación del caso de la ‘valijera’ Arrieta, una persona con vínculos políticos y comerciales directos con el Gobierno”, indicó el diputado de la CC-ARI.
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El vuelo en cuestión arribó a Buenos Aires el 26 de febrero de este año. Fue un jet privado de la empresa OCP-TECH, propiedad del mencionado Scatturice. Quien es, además, un enlace informal de Javier Milei con la administración de Donald Trump y la CPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora a la que el argentino ha asistido en un par de ocasiones. Scatturice acaba de adquirir la compañía aérea low-cost Flybondi.
En la aeronave se trasladaba Arrieta, gerente de operaciones corporativas de OCP TECH, y dos tripulantes: José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. Este último fue piloto del avión presidencial ARG-01 e incluso llegó a transportar a Alberto Fernández cuando ocupaba la primera magistratura. Días después, Arrieta se fotografió con Milei en un encuentro de la CPAC en Buenos Aires.
Al respecto, la firma OCP TECH, hizo su descargo en un comunicado y aseguró que se cumplieron “los controles correspondientes” en el país. Desmintió además que se hayan ingresado 10 valijas. “Es importante aclarar que el avión transportaba cuatro valijas y cuatro maletas de cabina, además de otros dos paquetes de dimensiones menores. Como es habitual, cada uno de los participantes del vuelo tenía una valija y un equipaje de mano”, dijo la empresa.
Tras las denuncias periodísticas, el Gobierno cerró filas en torno a que no hubo ninguna irregularidad en el ingreso y en lo declarado por Arrieta. Incluso se explicó que, como se trataba de una “pasajera en tránsito”, podía dejar valijas dentro del avión y que sólo puso a disposición del escáner un bolso tipo “carry on”. Pero las imágenes que logró recabar la PIA de Aeroparque en una investigación preliminar, filtradas a la prensa, y las declaraciones de funcionarios jerárquicos que intervinieron en el trámite, desmentirían esta estrategia gubernamental.
La fiscalía elaboró un dictamen de 60 páginas en el que enumeró varias irregularidades. Y adjuntó las capturas de pantalla que demuestran que el avión llevaba 10 valijas pero solo se declararon cinco.
Desde el Gobierno, ayer intentaron minimizar la controversia al explicar que el vuelo provenía “de los Estados Unidos, con los controles más estrictos del mundo” y que “existe una causa en curso y todo lo que se tiene que decir al respecto se hizo en el marco de esa causa”. Destacaron: “Ni siquiera aún tiene imputados”.
Pero el trabajo de la PIA, coordinada por el fiscal Sergio Rodríguez, no deja lugar a dudas sobre la detección “de presuntas irregularidades en los controles aeroportuarios y aduaneros, con posible participación de funcionarios públicos”. Concluye, de hecho, que “se constató una omisión en el control del equipaje ingresado al país por los dos tripulantes y la pasajera al momento del arribo de la aeronave, cuya causa no ha podido ser determinada con certeza hasta el momento. No se descarta, como hipótesis, la existencia de una instrucción externa que habría condicionado el desarrollo de los procedimientos previstos”. ¿Una orden de arriba?
En marzo pasado, cuando estalló el escándalo, algunas fuentes atribuían la laxitud del control a una supuesta orden de Santiago Caputo, vinculado a Scatturice. Esto es negado en el entorno del asesorísimo.
Una de las tantas versiones que circulan sobre el supuesto contenido de las valijas es que incluía “hardware” para realizar tareas de inteligencia para una supuesta “SIDE paralela”. A modo de abono de esta teoría, se detectaron “inconsistencias en la información relativa a la existencia misma del vuelo en las bases de datos estatales”. Es una velada crítica a la ANAC porque no se logró precisar de qué aeropuerto norteamericano partió la aeronave, matrícula N18RU. Además, los fiscales constataron irregularidades en los registros migratorios.
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