Tras cerrar Vialidad, el Gobierno cargó contra la corrupción con las obras

En una de las decisiones más simbólicas desde el inicio de su mandato, el presidente Javier Milei firmó un decreto que dispone el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo histórico del Estado argentino vinculado a la planificación y ejecución de obras viales. La medida fue anunciada en una conferencia de prensa por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien la presentó como “el acta de defunción de la corrupción en la obra pública”.

La conferencia comenzó con la proyección de un video institucional que repasó los principales aspectos de la causa judicial conocida como “Vialidad”, por la cual la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Actualmente cumple prisión domiciliaria, aunque la sentencia no está firme.

“El expediente se asentó en 51 contratos de obra pública con sobreprecios para el contratista Lázaro Báez. Hubo contratos amañados, abandono de obras y ampliaciones de plazos sin justificación. En la Justicia quedó probado que Vialidad fue instrumentalizada para desviar fondos públicos”, sostuvo Adorni, al explicar el trasfondo de la medida.

Según el Gobierno, la Dirección Nacional de Vialidad fue durante años una pieza clave en lo que califican como un esquema de corrupción institucionalizada. “Era una herramienta administrativa utilizada para inyectar recursos de forma ilegal a determinados empresarios vinculados al poder político”, dijo el vocero.

Más organismos que se cierran

El decreto firmado por el presidente también prevé la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, se dispuso una profunda reestructuración de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), que pasará a llamarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte y asumirá funciones de fiscalización sobre concesiones viales y normas de tránsito.

Como parte del nuevo esquema, el Gobierno anunció la apertura a licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales. Según explicó Adorni, el objetivo es atraer inversiones privadas para recuperar caminos que “durante décadas fueron degradados por el despilfarro y la ineficiencia del Estado”.

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Facultades delegadas y ajuste

La medida fue comunicada en el marco del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas al Ejecutivo por el Congreso a través de la Ley Bases. Milei había prometido no solicitar su prórroga y cumplió: el decreto que cierra Vialidad se firmó en las últimas horas previas al vencimiento del plazo de un año.

“El presidente respetó la institucionalidad. No pidió prórroga, no buscó perpetuar herramientas excepcionales. Usó las facultades delegadas para ordenar el Estado y no para concentrar poder”, subrayó Adorni.

Según el vocero, los 65 decretos dictados bajo esa herramienta especial permitieron un ahorro de 2.000 millones de dólares, al eliminar organismos innecesarios, recortar gastos superfluos y optimizar la estructura administrativa.

Contra la gestión anterior

Adorni aprovechó la conferencia para disparar duras críticas al kirchnerismo. “Dicen que aprobar las facultades delegadas era darle superpoderes a un gobierno reaccionario. Pero durante años miraron para otro lado cuando se prorrogaban automáticamente para crear impuestos como el PAIS o declarar emergencias interminables”, señaló.

También se refirió al uso de esas facultades durante la pandemia: “En mayo de 2021 las usaron para encerrar a los argentinos, prohibir reuniones privadas, dejar a los chicos sin clases y paralizar la economía. El problema no es la herramienta, sino cómo y para qué se la usa”.

Fin de un modelo y polémica

El cierre de Vialidad Nacional se inscribe en un marco más amplio de reforma estructural del Estado, impulsado por Milei desde su llegada al poder. Bajo el lema de “achicar el gasto público y eliminar privilegios”, el Gobierno ha disuelto o reconfigurado decenas de organismos y programas.

En este caso, la eliminación de Vialidad —una institución centenaria— representa, según el oficialismo, “el fin de un modelo corrupto de obra pública” y el inicio de un esquema “más transparente, eficiente y abierto a la competencia”.

Como era de esperar, la decisión generó fuertes reacciones. Desde la oposición, sectores del peronismo cuestionaron el “uso político” de la causa judicial y advirtieron sobre la “privatización encubierta” de la infraestructura nacional. Por su parte, sindicatos del sector vial ya anticipan medidas de fuerza y denuncian despidos masivos.

Pero en Casa Rosada no hay marcha atrás. “Este es un Gobierno que vino a cortar de raíz con las mafias del Estado. Si eso molesta a algunos, es porque la reforma está yendo en la dirección correcta”, concluyó Adorni.

En el Gobierno cuestionaron los contratos del Estado con los amigos del poder