Cómo arreglar la economía en un país federal y no morir en el intento

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En las últimas 8 décadas, salvo en una de ellas, el gran problema económico de Argentina ha sido la alta tasa de inflación. Y durante ese largo derrotero, en las pocas oportunidades que se logró bajar la inflación, ocurrió acompañado de un tipo de cambio relativamente bajo, que dejó más expuestos los problemas estructurales de competitividad. Sin competitividad no hay exportaciones y sin exportaciones no hay crecimiento. Ergo, a largo plazo, quien logre bajar la inflación en forma permanente y generar reformas cambiarias y estructurales que permitan a nuestras empresas competir en el mundo, en un contexto de buenas instituciones, habrá puesto a la Argentina en el camino del crecimiento económico.

Por supuesto, la tarea de estabilizar la economía y mejorar su competitividad no es sencilla, y resulta aún más desafiante en un país federal. ¿Por qué? Porque además de la voluntad política necesaria para impulsar las reformas a nivel de gobierno nacional, se requiere también similar voluntad en los gobiernos provinciales, que en un país federal cuentan con autonomía. Y también de los municipios.

Para bajar la inflación a niveles internacionales, con la historia y presente de Argentina, se requiere equilibrar las cuentas públicas, para así controlar la emisión de dinero. Como en 2023 el déficit fiscal nacional más provincial ascendía a 4,6% del PIB y la presión tributaria era alta (8,6 puntos del PIB mayor en 2023 que en 2000), para lograr el equilibrio fiscal no quedaba otra que bajar fuertemente el gasto público. ¿Quién, Nación o Provincias? Ambos, porque entre 2000 y 2023 el gasto público nacional había subido 4,8 puntos del PIB, y 2,6 puntos en el conjunto de provincias.

El exceso de gasto era evidente en ambos niveles de gobierno. Si Nación no ajustaba su gasto y lo exigía en provincias, o viceversa, hubiésemos estado en un problema de “federalismo”. Si ambos niveles de gobierno ajustaban su gasto, más que un problema de federalismo, se trataba de un intento conjunto por estabilizar la economía, aportando cada uno su parte, porque ambos generaron el problema. ¿Y qué pasó con el gasto en 2024? Se ajustó un 26% anual real a nivel nacional y un 17% en provincias. Aún si no se tuvieran en cuenta los fuertes recortes en las transferencias discrecionales a provincias que llevó a cabo el gobierno nacional, el resto de sus erogaciones hubiesen bajado un 23% el año pasado. Aprobado: ambos niveles de gobierno aportaron a la baja de la inflación en 2024.

La competitividad

Pero para crecer también se requiere ser competitivos. Máxime si con la estabilización el tipo de cambio real se ubica en niveles relativamente bajos. Entre otros, se necesita reforma laboral, mejor infraestructura y menores impuestos. Para bajar impuestos, manteniendo el equilibrio fiscal que se necesita para disminuir la inflación, se debe reducir aún más el peso del gasto público. Ambos niveles de gobierno deben seguir bajando el gasto y los impuestos para lograr tener una economía estable y competitiva. Los municipios también.

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¿Pero qué está pasando con el gasto público en lo que va de 2025? A nivel nacional, entre enero y mayo baja 0,2% anual real, pero en un conjunto de 17 provincias que publicaron datos del primer trimestre, sus erogaciones suben 21% anual promedio. Si esta situación se confirma para el consolidado de 24 jurisdicciones, estaríamos en un problema, porque se estaría revirtiendo el ajuste provincial del año previo. Así, no habrá posibilidades de bajar impuestos provinciales y resultará una quimera mejorar la competitividad.

En este contexto económico y político, se presentaron sendos proyectos de ley al Congreso, impulsados por los gobernadores, para que los ATN se repartan automáticamente a provincias y para que la participación de las provincias en el reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles pase del 25% al 57%. En ambos casos, los mayores ingresos serían de libre disponibilidad.

Una mala señal política para los mercados

Si bien ambos proyectos, de aprobarse, no eliminarían por completo el superávit fiscal nacional (lo reducen a algo menos de la mitad), sería una mala señal política para los mercados (gobernadores y oposición manejando la chequera del gobierno) y presentarían serios problemas para el objetivo de mejorar la competitividad. En todo caso, se justificaría el envío automático de ATN a provincias si por el mismo monto éstas bajaran impuestos distorsivos (por ejemplo, el impuesto de Sellos). Sería muy mala idea que los recursos extras alimenten el gasto corriente.

Respecto a la reforma en la distribución del impuesto a los combustibles, dado que la porción de recursos que perdería la Nación se utiliza en la construcción y mantenimiento de infraestructura vial e hídrica, lo lógico sería que de aprobarse la ley, las provincias pasen a hacerse cargo de dicha construcción y/o mantenimiento, al menos lo que no sea concesionado a privados. Pero esa responsabilidad no se incluye en el proyecto de ley.

¿Quién se hará cargo entonces de la infraestructura nacional? Se requiere un nuevo acuerdo, que delimite las responsabilidades que asumirán las provincias al respecto, y luego modificar la ley en ese sentido. No es lo que está ocurriendo.

¿Cómo alinear incentivos?

¿Cómo alinear incentivos entre niveles de gobierno en un país federal para lograr estabilizar la economía y ganar competitividad? Desde la política real, se trata de un problema de incentivos e intereses. Bajar la inflación le genera votos al presidente, no a los gobernadores e intendentes. A éstos, para conseguir votos les interesa aumentar la obra pública o los salarios de los agentes públicos y minimizar los conflictos en un año electoral. Esto último suele conducir a un mayor gasto público, deteriorando las posibilidades de estabilizar y darle competitividad a la economía.

¿Qué “palancas” tiene un presidente en Argentina para alinear incentivos de gobernadores e intendentes? Históricamente se usaron con este fin las transferencias discrecionales. Pero aquí el actual gobierno tiene un problema, pues el año pasado prácticamente eliminó las transferencias discrecionales, y una de las pocas que quedan, los ATN, con el proyecto de los gobernadores pasarían a ser automáticos.

¿Cuál es uno de los pocos incentivos que puede ofrecer el gobierno nacional a los provinciales para que apoyen sus iniciativas y fortalezcan el proceso de estabilización y mejora de la competitividad? A mediano plazo, sólo el acceso al endeudamiento externo, que debe ser autorizado por el poder central. Con financiamiento, las provincias podrían exhibir mayores niveles de obra pública. Y tienen actualmente capacidad de endeudamiento, pues su stock de deuda pasó del 7,4% del PIB en 2019 a 3,9% en 2024.

No obstante, para que tanto Nación como Provincias accedan al financiamiento externo que ayude a viabilizar la transición, debe bajar el riesgo país, como mínimo 200 puntos. Pero el riesgo país difícilmente baje en un contexto en que la oposición y gobernadores pretende aprobar leyes sobre jubilaciones y otras obligaciones que dinamitarían el equilibrio fiscal y las posibilidades de mejorar la competitividad. En definitiva, un perro que se muerde la cola.