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El juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente Alberto Fernández en la causa conocida como “Seguros”, investigada inicialmente por el juez Julián Ercolini. El magistrado lo consideró responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y le trabó un embargo por la cifra récord de 14.634.220.283,68 pesos.
Según el fallo, durante el mandato de Fernández se habría montado una “estructura criminal” para direccionar contratos de seguros de decenas de organismos públicos hacia intermediarios privados, quienes cobraron comisiones millonarias.
La investigación sostiene que, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, unos 40 imputados habrían intervenido de forma coordinada en maniobras para recaudar y distribuir fondos públicos. Se trató, según la justicia, de un esquema mediante el cual organismos del Estado contrataban seguros a través de Nación Seguros S.A., pero con intermediación obligatoria de brokers privados.
La causa detalla que, con la connivencia de Fernández, los brokers actuaban como intermediarios entre los entes estatales y Nación Seguros, incluyendo incluso empresas coaseguradoras en los contratos. Las comisiones pagadas durante este período superaron los 3.364 millones de pesos.
El juez Casanello identificó a tres grupos de intermediarios como los mayores beneficiados: Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández y titular de la firma “Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A.”, acumuló $2.297.820.134,36, equivalente al 59,6% de las comisiones totales. Pablo Andrés Torres García, presidente de “TG Broker S.A.”, percibió $654.396.501,08, casi un 17% del total. Oscar Alberto Castello, al frente de “Castello Mercuri S.A.”, recibió $412.306.308,61, representando un 10,69% de las comisiones.
Un dato clave que exhibe la magnitud del negocio es la comparación entre los ingresos de Martínez Sosa antes y después de la asunción de Fernández: entre 2017 y 2019, sus comisiones sumaban apenas $151.179. En cambio, solo en 2023 treparon a $228.982.903.
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La investigación también detectó irregularidades en pólizas de coaseguro vinculadas a la ANSES. Dos empresas, San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, recibieron pagos por $1.346 millones y $2.022 millones, respectivamente. Uno de los puntos más contundentes de la resolución es la vinculación personal entre Fernández y Martínez Sosa, a quien el expresidente conocía del rubro de seguros desde años atrás. Según Casanello, esa relación creó un “altísimo riesgo en materia de intereses contrapuestos”, obligando al entonces mandatario a extremar los recaudos éticos, cosa que -según el juez- no ocurrió.
La causa también salpica a María Cantero, esposa de Martínez Sosa y exsecretaria privada ejecutiva de Fernández, quien, según el juez, aprovechó su cargo para gestionar contratos en favor de su entorno.
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