El Gobierno reclamó para evitar la entrega de acciones de YPF

El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, presentó dos escritos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para solicitar la suspensión del fallo de Loretta Preska que ordena al Estado transferir el 51% de las acciones de YPF, como parte del juicio por la nacionalización de la petrolera. La sentencia, que implica una condena de 16.000 millones de dólares, está siendo apelada y el Ejecutivo busca impedir su ejecución inmediata.

En sus presentaciones, la defensa del Estado advirtió que la medida dispuesta por Preska viola la legislación argentina, ya que la cesión de acciones públicas en YPF requiere la aprobación del Congreso. Por ende, cualquier intento de ejecutar el fallo sin esa autorización sería jurídicamente inviable.

También se argumentó que Argentina sería despojada de su participación mayoritaria en YPF, que forzaría un cambio de control y activaría cláusulas que perjudicarían a los accionistas de la empresa.

En la misma línea, se expresa que el caso YPF no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes que plantea cuestiones jurídicas complejas.

El presidente Javier Milei repitió ayer en una entrevista que “el fallo no tiene aplicación en Argentina porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios, con lo cual no va a ocurrir”.

La Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión de la jueza Preska es controvertida no solo jurídicamente a nivel local, sino también en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de Estados Unidos.

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También se argumenta que los demandantes (Petersen/Eton y Bainbridge) no sufrirían daños por la suspensión de la orden. La legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Además, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados, como provincias y bonistas, y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público.

Burford adquirió los derechos para litigar que tenía el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, dueña del 25% de YPF al momento de su expropiación. La demanda se basa en que, según los propios estatutos de la empresa, cuando Argentina se quedó con el 51% que era de la española Repsol tendría que haber lanzado una oferta por todas las acciones, incluidas las de Petersen.

A su vez, se insistió en que la transferencia de las acciones debería realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el Gobierno considera jurídicamente inválido.

Por otro lado, se indicó que el caso presenta cuestiones legales que no han sido abordadas previamente por los tribunales de apelación, lo que incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores.

Asimismo, remarcó que para la entrega de acciones, el Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones estatales en YPF. Por lo tanto, incluso si la jueza confirmara su fallo, la ejecución efectiva de la medida resultaría inviable desde el punto de vista legal.

En respuesta al fondo Petersen/Eton Park, que citó declaraciones del gobernador Axel Kicillof, el equipo jurídico del Estado aclaró que Kicillof no forma parte del Gobierno nacional y que su opinión política no tiene incidencia en la estrategia legal de la actual administración.

En el caso Bainbridge, el país argumentó la necesidad de evitar la violación del derecho argentino, ya que transferir las acciones de YPF violaría la Ley N° 26.741.