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El tribunal presidido por el juez Jorge Gorini decidió concederle a la exmandataria el beneficio del arresto domiciliario. También quedó sin efecto la citación para presentarse hoy ante los magistrados
Cristina Kirchner quedó detenida en su domicilio del barrio porteño de Constitución / NA
A contramano del dictamen de los fiscales, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 2 dispuso ayer la prisión domiciliaria para la expresidenta, Cristina Kirchner, y aceptó el domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución, por lo que no deberá presentarse hoy en los tribunales de Comodoro Py, una decisión que podía tomar -tal como lo anticipó este diario- para evitar la movilización K. En cambio, el tribunal presidido por el juez Jorge Gorini impuso la tobillera electrónica para la exmandataria y limitó el listado de personas que podrán visitarla sin autorización en el departamento que eligió para cumplir la pena.
De esta manera, la actual titular del PJ quedó formalmente detenida y empezó a cumplir la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por defraudar al Estado al direccionar las obras viales de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, en el marco de la causa conocida como Vialidad.
La resolución de los jueces contradijo el planteo de los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que Cristina purgara su pena en una cárcel común, argumentando que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” .
Además, los fiscales solicitaron que, en caso de que el dictamen fuera rechazado por el tribunal, la expresidenta sí utilice una tobillera electrónica y desecharon que, como advertía la defensa, ese monitoreo fuera “innecesario” o una “dilapidación de los escasos recursos” del Estado.
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Esta última parte del reclamo de los representantes del Ministerio Público sí fue atendida por los jueces quienes, si bien le concedieron a la expresidenta el beneficio de la prisión domiciliaria, concluyeron que no había razones que justificaran la prescindencia de la tobillera, como planteó el abogado defensor Alberto Beraldi.
“Corresponde cumplir con la manda que exige la implementación de un dispositivo electrónico para aquellos condenados que accedan al beneficio”, advirtieron los magistrados, pero también aclararon “su permanencia en prisión en un establecimiento carcelario no sólo se presenta, por el momento, como una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales sino que además es una opción que la ley expresamente habilita a reemplazar por otra”.
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A la hora de disponer que cumpla la condena en su casa, los integrantes del TOF 2 hicieron lugar a dos de los argumentos esgrimidos por la defensa: el que aludía a la edad de la exmandataria (tiene 72 años) y relacionado con el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022.
“La combinación del riesgo para la vida e integridad física de la condenada a raíz del atentado del que fue víctima, junto con la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario sin incurrir en prácticas discordantes para el derecho constitucional y convencional −aislamiento−, nos conducen a la decisión en favor de la concesión de la prisión domiciliaria como única vía hoy compatible con el respeto de los derechos fundamentales de la persona”, dijeron los jueces en su fallo y concluyeron: “A partir del día de la fecha Cristina Elisabet Fernández de Kirchner se encuentra, en calidad de detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo la pena firme de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso que le fuera impuesta en esta causa”.
Más allá del beneficio concedido, la expresidenta deberá cumplir con algunas reglas de conducta como “permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”, mientras se estableció que “por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción”.
También “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Además, “en el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado”.
En tanto que, para evitar que Cristina encabece hoy la marcha organizada por el kirchnerismo a Comodoro Py, el tribunal decidió notificarla de su detención a través de su abogado, Alberto Beraldi, y de esta forma dejó sin efecto el plazo de cinco días hábiles que tenía para presentarse personalmente.
Según trascendió, detrás de la decisión del tribunal aparecen la presión del PJ, La Cámpora, sindicatos y organizaciones sociales, que organizan para la movilización de hoy a Plaza de Mayo -se descartó a los tribunales-para acompañar a la expresidenta. Además, circuló la versión de que, al calor de esta marcha, el Gobierno también envió señales a los tribunales para que tomara una decisión que ayudara a aliviar la tensión, algo que no habría caído bien entre los magistrados.
Es un caso único en la historia de Argentina que un expresidente debe cumplir una condena a prisión. El antecedente inmediato fue el arresto domiciliario de Carlos Menem que, de todos modos, cumplió una preventiva -no una sentencia firme como la que recibió ahoraCristina-, por temor a una fuga.
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