¿Cambio de planes?: Cristina podría no ir a Tribunales

Mientras los dirigentes peronistas preparaban ayer la movilización para acompañar el miércoles próximo a la expresidenta, a su presentación ante los tribunales de Comodoro Py, ayer trascendió una información que podría dar por tierra con estos preparativos.

Una fuente judicial, con acceso a la causa, señaló ayer que si el pedido que hizo su defensa para cumplir la pena en su casa se resuelve a su favor y antes del miércoles, su presencia en el sexto piso de Comodoro Py podría ser innecesaria.

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Las notificaciones en esta etapa se le harían vía Zoom y la expresidenta no necesitaría salir de su departamento de Humberto I y San José, en el barrio porteño de Constitución.

“A fin de evitar cualquier circunstancia que pueda importar un riesgo personal para nuestra representada y, al propio tiempo, un desgaste innecesario de los recursos de seguridad, solicitamos que todas las notificaciones personales que deban efectuarse a Cristina Fernández de Kirchner sean practicadas por medio de una audiencia virtual (vía zoom)”, dice el documento que presentó su abogado Carlos Beraldi.

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Y agregó: “Resulta ser un hecho público y notorio que cada vez que nuestra defendida debió concurrir a la sede judicial se realizó un especial operativo de seguridad, el cual, en la actual coyuntura, podría requerir aún un mayor despliegue”.

El jueves, por el Tribunal Oral Federal Número 2 pasó Ary Rubén Llernovoy, el otro abogado que defiende a Cristina Kirchner en este expediente. Lo propio hizo Beraldi ayer. Según afirmó en la puerta del TOF, se acercó para constatar si estaba concluido el estudio socioambiental que ordenó el juez para evaluar si las condiciones del departamento donde Cristina Kirchner quiere cumplir la pena son compatibles con las particularidades del caso.

El arresto domiciliario continúa en manos del fiscal del juicio Diego Luciani, que deberá pronunciarse al respecto y entregárselo al juez Jorge Gorini, que decidirá la suerte de la expresidenta junto a sus colegas del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

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LA MOVILIZACIÓN

Organizaciones políticas, sindicales y sociales definieron ayer acompañar a la ex presidenta Cristina Kirchner el miércoles próximo a Comodoro Py para “garantizar” que la ex mandataria “vuelva a su domicilio” luego de cumplir con la manda judicial prevista para el 18 de junio.

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Eso claro si, como se anticipó, el TOF Número 2 decide que la expresidenta deba ir a los tribunales de Comodoro Py.

“Nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa”, indicaron las organizaciones en referencia al pedido de la ex jefa de Estado para cumplir prisión domiciliaria tras el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

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Según adelantó la senadora provincial de Unión por la Patria (UxP) Teresa García, el PJ está terminando de coordinar con “las provincias, los sindicatos y los movimientos sociales” una marcha “histórica” para respaldar a la ex jefa de Estado.

Con apoyo de intendentes y gobernadores peronistas, desde el PJ apuntan a que la movilización tenga réplicas en otras provincias y municipios bajo el lema “Argentina con Cristina”.

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Mientras tanto, la ex mandataria volvió a saludar ayer desde el balcón de su domicilio, del barrio de Constitución, a la militancia que permanecía reunida en vigilia y que se quedará durante este fin de semana.

Los pasos a seguir de cara a la movilización del próximo miércoles empezaron a delinearse el jueves en el Consejo Nacional del PJ, en medio de una creciente movilización social tras el fallo de la Corte Suprema.

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La movilización a Comodoro Py se producirá en un contexto donde la militancia, los sindicatos y los movimientos sociales multiplican las movilizaciones de apoyo tras el fallo unánime de la Corte Suprema que confirmó la condena contra Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.

La decisión judicial, que también alcanza a otros condenados como Lázaro Báez y el ex funcionario José López, fue considerada una “proscripción” por parte del kirchnerismo, que denunció una persecución política y judicial articulada por lo que denomina como el “partido judicial”.