Injustificados ataques al personal docente en escuelas de La Plata

La agresión física concretada recientemente por parte del padre de una alumna al director de una escuela de nuestra ciudad fue de tal magnitud que el docente debió ser internado en un hospital, en tanto que las autoridades educativas de la Provincia pidieron a la Justicia una medida de restricción de acercamiento para el imputado de ese delito.

Como se sabe, la víctima y otros testigos lo denunciaron por el ataque que perpetró frente a frente a estudiantes, padres y otros docentes, en un episodio que se registró en la calle a pocos metros de la escuela. El directivo escolar, a raíz de los fuertes golpes que le aplicó el padre de la alumna, debió recibir urgente intervención médica y luego quedó internado en observación en un hospital.

Se trata de un episodio más que se suma a una larga lista de agresiones físicas y verbales sufridas por docentes por parte de familiares de alumnos, que por su gravedad deben ser no sólo investigadas y reprimidas, sino también incluidas en el contexto de una creciente violencia que afecta a médicos y auxiliares de hospitales públicos y que encuentra en las calles, con otras víctimas y escenarios propicios, antes impensados, un ámbito para expresarse.

Así, en junio de 2023 episodios de esta naturaleza derivaron en el abrazo simbólico de una escuela de Melchor Romero en repudio a las amenazas de muerte que un padre habría formulado contra un maestro de la primaria. Tal como se dijo allí se reunieron padres, docentes y alumnos para visibilizar el conflicto y pedir el fin de la violencia.

En esas instancias un gremialista del sector docente pidió que en las escuelas se incorporaran “equipos interdisciplinarios donde psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos puedan trabajar estos conflictos”. En otro de los casos ocurridos hace dos años se llegó a afirmar que algunos de los padres habrían acudido armados a las escuelas.

Nuestra sociedad no puede permitir, en modo alguno y por ninguna causa, que no se respete a los docentes y, mucho menos, que sean víctimas eventuales de agresiones físicas o amenazas. Sin perjuicio de las actuaciones que pudieran labrarse y de la aplicación de penas o sanciones que pudieran corresponderles a los agresores, resulta imperativo que en su caso, reciban las sanciones legales previstas.

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La reacción del área educativa parece acertada, en el sentido de judicializar los alcances de agresiones previstas por la ley penal para estos tipos de episodios.

Y si bien es cierto que existe una violencia difusa, esparcida en muchos de los estamentos de la población, le concierne a las autoridades del área intensificar la apoyatura y el respaldo a los docentes, para que la educación escolar vuelva a ser lo que fue durante tantas décadas en nuestro país: un ámbito de excelencia formativa.