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A fin de mes vence el congelamiento decretado por Villarruel. Los montos en la actualidad rondarían los $7 millones en bruto
El último amuneto a mano alzada que se aplicaron los senadores
El fantasma de las dietas de los legisladores, que meses atrás fue motivo de revuelo y que sumó a los cortocircuitos entre el presidente, Javier Milei, y la vicepresidenta (y titular de la Cámara Alta), Victoria Villarruel, podría virar la semana próxima en otra fuerte polémica. Y es que el 31 de marzo vence el congelamiento de los montos que perciben los senadores, luego de que Villarruel prorrogara un decreto con esos fines a principios de este año. De manera que si el cuerpo no activa ninguna acción en los próximos días, los legisladores de esa Cámara pasarían a cobrar, como mínimo, una base de 9 millones de pesos en bruto.
Según trascendió, Villarruel pondrá el tema sobre la mesa en la próxima reunión de Labor Parlamentaria. Será en la previa de la sesión en la que el Senado debatirá si le presta acuerdo a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para integrar la Corte. Tampoco descartan hacerlo antes.
La titular de la Cámara Alta intentó colar el tema en la sesión del pasado 12 de diciembre, cuando se expulsó a Edgardo Kueider, pero no logró consenso con los jefes de bloque ya que el recinto se abría, nada más y nada menos, para eyectar a un integrante.
Finalmente, Villarruel le puso el gancho a un decreto y prorrogó el 27/24, por el cual en agosto pasado los representantes provinciales congelaron su dieta hasta el 31 de diciembre de 2024, tras engancharse a la paritaria de los trabajadores del Congreso en abril del año pasado.
Esa acción fue motorizada después de recibir el visto bueno del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y el resto de los dialoguistas como el Frente Renovador de la Concordia, PRO, UCR y Las Provincias Unidas.
Uno de los objetivos de Villarruel, y a quien acompañan también otros senadores, es que la dieta quede congelada para todo 2025 y que se concrete el desenganche paritario que fue votado a mano alzada, sin debate y por el cual el sueldo en ese momento quedó en un total de 4,5 millones.
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Si bien esa actualización regirá hasta el lunes de la próxima semana, los senadores tienen tiempo hasta la tercera semana de abril para expedirse, momento en el que empieza la liquidación de sueldos a percibir en mayo.
Se trata de un tema incómodo para el oficialismo y los bloques opositores, tras el escándalo que se armó apenas iniciada la gestión libertaria. Entonces, el Congreso imitó la suba que se había otorgado para la administración central, luego frenada -enojo mediante de la Casa Rosada- por el presidente de Diputados, Martín Menem, y luego por Villarruel.
Ni lerdos ni perezosos, en abril pasado, oficialismo y oposición pactaron un nuevo sistema de dietas y lo aprobaron en el recinto. Así, acordaron un paquete de 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo.
Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representó, desde mayo pasado, más de $7 millones en bruto que cobrarían en la actualidad. La única senadora que no entra en esta lógica es Alicia Kirchner, quien al ingresar en la Cámara Alta prefirió mantener su jubilación.
La polémica generada ante el penúltimo aumento otorgado a empleados legislativos -que estaba atado al de los senadores- del 6,6% para julio y agosto, llevó al pleno de la Cámara Alta a anular la suba en cuestión y congelar sus dietas hasta el 31 de diciembre, en una votación unánime.
Mientras, los senadores (aún del oficialismo) presionaron a Villarruel para que se hiciera cargo de algo que, en realidad, los propios legisladores habían votado en el recinto. Entre los argumentos de los bloques para defender el aumento de la dieta advierten que el cobro muchas veces queda “limado” por Ganancias, sumado a los alquileres en la ciudad de Buenos Aires y otros conceptos. En off, algunos sostienen incluso que “están mal pagos” y apuntan al “costoso financiamiento” de la política. También hay bancadas (como la del radicalismo, kirchnerismo y otras) que reclaman “equilibrar” por inflación la disparidad de módulos que tienen asignados.
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