Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos

La derrota del oficialismo en el capítulo del Presupuesto nacional que incluía la derogación de la ley de financiamiento universitario y discapacidad vuelve a poner de manifiesto la inexperiencia de un gobierno que fue demasiado generoso en las concesiones sin garantizarse la devolución de los favores a la hora de los votos. Al mismo tiempo, es un fuerte llamado de atención que le indica al gobierno que los consensos son inestables y que los aliados no son incondicionales. Acompañan algunas iniciativas, pero rechazan otras cuando consideran que el costo político es excesivo.

La notificación llegó rápido y fue contundente al mostrarle al oficialismo, que cuenta con un número de legisladores sensiblemente superior al que poseía antes de las legislativas de octubre, que esto no garantiza los votos suficientes para imponer su agenda.

Con cierta candidez el gobierno creyó que el reparto de ATN y obra pública entre los gobernadores amigables alcanzaría para vencer la reticencia en esos temas. A último momento, los jefes provinciales le subieron el precio a la pretensión oficial de que asumieran el alto costo político de acompañar esas derogaciones. Y el oficialismo terminó admitiendo la derrota, que dejó en terapia intensiva el superávit fiscal que proclama como principal logro de su gestión.

Sorpresa

La sesión que otorgó media sanción al Presupuesto dejó además una sorpresa incómoda para los aliados del partido libertario. Una “rosca” de madrugada entre Martín Menem, presidente del cuerpo, y Germán Martínez, jefe del bloque de Unión Por la Patria, permitió cubrir tres vacantes en la Auditoría General de la Nación dejando afuera al postulante del PRO. El asunto no estaba incluido en el temario de extraordinarias y provocó la airada reacción de Cristian Ritondo, jefe del bloque dese partido. Entre los radicales la indignación fue evidente. ¿Por qué semejante acuerdo? Al parecer, fue la contraprestación acordada con el gobernador salteño Gustavo Sáenz para colocar en la AGN a una abogada de su confianza. ¿Nadie fue capaz de prever que esta torpeza terminaría contaminando la relación del oficialismo con su principal aliado y poniendo en duda la promesa oficial de transparencia?

Aun así, el escenario general sigue siendo favorable al oficialismo. La inercia de la victoria electoral persiste y episodios como el “escándalo Tapia” resultan funcionales a su narrativa de confrontación.

No alcanza

Pero en el Gobierno saben que la paciencia tiene límites, que el tiempo no sobra y que las penurias económicas están ahí, haciéndoles saber a millones de argentinos que estas Fiestas habrá que transitarlas ajustándose los cinturones, con la carne a precios inalcanzables y las tarifas de los servicios asfixiando los ingresos de los hogares. Bajar la inflación, la gran cucarda libertaria, ya no alcanza. El reclamo ahora es más básico: llegar a fin de mes.

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En este contexto queda clara la estrategia del gobierno, que consiste en mantener en la vereda opuesta a los gobernadores peronistas que considera “recalcitrantes” (Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Gustavo Melella, Elías Suárez y Sergio Ziliotto) y tratar de evitar que prosperen alternativas moderadas como Provincias Unidas, el peronismo cordobés o un radicalismo que busca reconstruirse. A esa idea le resulta funcional incapacidad del peronismo para resolver su problema de liderazgo, con una jefa cumpliendo condena por corrupción a la que nadie parece atreverse a desafiar. En la Casa Rosada confían en que ese vacío mantendrá cautivos a los votantes no libertarios que los acompañaron en octubre.

El golpazo en el trámite presupuestario tuvo su correlato en el Senado, donde el tratamiento de la reforma de “Modernización Laboral” se frenó en seco. Aunque obtuvo dictamen favorable, su debate en el recinto se postergó para febrero y le hizo perder al oficialismo tiempo precioso justo cuando más lo necesita. Patricia Bullrich, que venía con el bastón de mariscal a poner las cosas en su lugar, eligió bajar un cambio, acaso para descomprimir tensiones con el PRO tras lo ocurrido en Diputados. Y esperar a que Diego Santilli intente apagar el incendio.

Movida sindical

Mientras tanto, con una presencia en las calles que distó de la que sabía movilizar en sus mejores épocas, la CGT amenazó -sin dar fecha- con un plan de lucha y paro general. Más de lo mismo para una realidad social y política muy diferente que reclama discutir en profundidad cómo se genera empleo de calidad. El sindicalismo parece patalear, quizá con la esperanza de preservar el statu quo y limitar la reforma al plano de las relaciones laborales individuales. Las preguntas siguen flotando: ¿puede haber modernización laboral sin modernizar el sistema sindical? ¿qué pasará con el control de los fondos de las obras sociales y los aportes solidarios compulsivos? Desde la Rosada, sostienen, son temas que quedan para más adelante.

El proyecto de reforma contiene un capítulo destinado a desmontar el fuero de la Justicia Nacional del Trabajo, de manera de sacarle un resorte fundamental a lo que en Balcarce 50 se considera la “industria del juicio”. Apoyado en el fallo Levinas de la Corte Suprema y en la reforma constitucional de 1994, se propone transferir competencias a la Justicia de la Ciudad. En tanto, la justicia nacional quedaría como fuero residual para terminar de tramitar las causas pendientes y los expedientes donde se discuten temas de derecho laboral colectivo (convenios colectivos y sindicatos). De concretarse, la iniciativa terminaría con el fuerte sesgo político de ese fuero, colonizado por el peronismo desde la recuperación de la democracia.

Mientras la política se reacomoda, la economía envía señales mixtas. La actividad metalúrgica cayó 4,2% interanual y aunque el desempleo mostró una leve mejora, lo hace con baja de salarios y más cuentapropismo. Suben las exportaciones, baja el riesgo país y las calificadoras mejoran la nota. Desde el equipo económico aseguran que la etapa de estabilización terminó y empieza la del crecimiento. En la calle, sin embargo, la sensación es otra: el hombre común sigue esperando que los números cierren en su propia cuenta.