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Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com
La marcha encabezada por la CGT pretendió ser una demostración de fuerza con el objetivo (¿idílico?) de tratar de incidir de alguna manera en la negociación que arrancó en el Senado por la ley de reforma laboral -que ayer finalmente consiguió dictamen de mayoría aunque quedó para febrero- mientras la central obrera amenazaba con un “paro nacional” si el gobierno libertario no escucha sus reclamos.
Ayer no hubo paro, sólo movilización. Lo que por definición mengua el desafío hacia la Casa Rosada, lo atenúa. La convocatoria, acompañada por las dos CTA, fue la cuarta acción callejera del mundo sindical contra Javier Milei. La primera desde el triunfo electoral de octubre pasado, que fortaleció a La Libertad Avanza en el Congreso, y también la única que se organizó con el rechazo al cambio de normas laborales como objetivo convocante.
En verdad, la CGT casi que estaba forzada a hacer algo frente a la jugada de la Rosada de tratar de cambiar paradigmas que llevan décadas y que han fortalecido a la corporación gremial. Pero, en rigor, el proyecto ingresado al Congreso fue modificado respecto a su primera versión -sobre todo en lo que refiere a los ingresos de los gremios, la llamada cuota sindical- justamente por negociaciones con los sindicatos, en especial los de tradición más peronista.
Radica allí una explicación subterránea, críptica, del comportamiento del sindicalismo tradicional: con el proyecto para cambiar las leyes laborales el Gobierno ha introducido un elemento de tensión en las internas del gremialismo, donde las organizaciones de perfil justicialista en muchos rubros luchan contra el avance de expresiones rebeldes de izquierda, la mayoría del trotskismo.
Así, la central sindical sigue rechazando el texto. Sostiene que cercena el derecho de huelga, establece la prioridad de los convenios por empresa y no por rama (esto fortalece a los delegados, que en muchos casos no son de los gremios tradicionales) y limita la llamada ultra actividad de los convenios colectivos de trabajo. Los sindicatos cuestionan además el “recorte” de derechos individuales, como bajar el costo de las indemnizaciones por despido, la posible extensión de la jornada laboral a través del banco de horas, la derogación de varios estatutos sectoriales (como el del periodista) y otros puntos.
De hecho, hasta se ha entablado una batalla dialéctica: para la CGT es una reforma o flexibilización laboral; para el Gobierno se trata de una modernización.
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También fue la primera marcha de la CGT con lavado de cara o “rejuvenecida”, como bromeó ante este diario un pope gremial en referencia al nuevo triunvirato que la conduce.
A la hora de hablar, ayer el más duro fue el camionero Octavio Arguello, que es lo mismo que decir Hugo Moyano. Fue quien lanzó la advertencia (¿amenaza?) a los senadores que discuten la ley: “Ojo con lo que hacen, después la Patria se los va a demandar”. Más poético, Jorge Solá (Seguros), llamó a los trabajadores “a volver a emocionar con las banderas de la justicia social”. Que, es verdad, la CGT parece haberla perdido hace rato en un país donde hace añares no crece el empleo formal -ese que debería tener representación gremial- y, por el contrario, aumenta el cuentapropismo.
Se habla del inicio de un plan de lucha, con eventual paro nacional incluido pero, la verdad, está por verse. Una eventual demora ahora en el tratamiento del proyecto en el recinto de la Cámara Alta podrá ser tomado como un triunfo de los gremios, porque el tramite exprés que pretendía la Casa Rosada para un tema tan sensible no sería posible. Pero lo cierto es que fue por errores de los violetas en otros temas legislativos que derivaron en tensión con aliados dialoguistas. Y si la ley se aprueba en febrero en el Senado, la cámara más desfavorable al gobierno, ¿no habrá que abordarlo como una victoria de los libertarios? ¿Un eventual paro en el contexto veraniego se podría catalogar de exitoso? Dudas.
De la participación no gremial, partidaria digamos, habría que mencionar la asistencia de Axel Kicillof y algunos dirigentes de su corriente, sin dudas el gobernador del PJ más enconado con Javier Milei. Buena parte de la CGT respalda su proyecto presidencial en ciernes, no tanto por convicción o reconocimiento de liderazgo sino porque aún refunfuña bronca debido a que la actual presencia sindical en el Congreso -vital en cualquier debate por temas laborales- es fruto de las listas de candidatos peronistas que en su momento fueron decididas por Cristina Kirchner, quien privilegió sobre todo a postulantes de las centrales alternativas o de los gremios que le juran lealtad.
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