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Mientras crece la bronca entre los productores, hay más de 5 millones de hectáreas que están afectadas en la Provincia y unas treinta localidades en emergencia agropecuaria. E stiman pérdidas por U$S2.400 millones
Esteban Pérez Fernández
eperezfernandez@eldia.com
Las lluvias intensas que azotaron el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires entre lunes y martes agravaron una situación crítica que lleva más de siete meses. Las precipitaciones, superiores a los 110 milímetros en pocas horas en Bolívar, Daireaux y Urdampilleta, anegaron campos, arrasaron caminos rurales y dejaron una vez más al descubierto la falta de infraestructura hídrica en la región productiva más importante del país.
Según estimaciones de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), cerca de cinco millones de hectáreas están afectadas, con unas 2,5 millones directamente bajo el agua. “La situación en la provincia sigue siendo muy compleja. Este evento empezó en marzo y ya hay casi 30 municipios con emergencia agropecuaria. Calculamos unas cinco millones de hectáreas afectadas y al menos la mitad inundadas”, explicó a este diario Pablo Ginestet, secretario de CARBAP.
El dirigente advirtió que las consecuencias económicas y sociales serán severas. “Estamos en época de siembra y lo que no se haga ahora se perderá hasta el año próximo. Hay caminos intransitables, la maquinaria no puede acceder a los lotes y los campos quedan aislados. Esto complica la siembra de maíz y soja, y reduce la superficie disponible para la ganadería. En paralelo, hay escuelas rurales cerradas porque docentes y alumnos no pueden llegar”, señaló Ginestet.
Desde la entidad insisten en que la única salida duradera pasa por obras estructurales en la cuenca del Salado y financiamiento accesible para los productores. “Las obras hídricas demandan años, pero hay que empezarlas. Cuando bajen las aguas, debe haber decisión política para ejecutarlas. Y los intendentes tienen que destinar la tasa vial al mantenimiento de los caminos, porque esos fondos no se ven reflejados en el territorio”, subrayó.
Las inundaciones que afectan a más de 5 millones de hectáreas en el centro de la provincia de Buenos Aires provocarán una pérdida de U$S2.400 millones para el sector agropecuario.
El cálculo fue realizado por Ignacio Iturriaga, un productor de la zona de Roque Pérez, una de las zonas más afectadas por el exceso hídrico que se prolonga desde abril de este año.
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La estimación parte de la base que esos campos quedarán fuera de la producción en las actuales campañas.
Iturriaga detalló que la superficie anegada se reparte en 2,25 millones de hectáreas agrícolas y 2,25 millones de hectáreas ganaderas, con costos directos de U$S466 por hectárea en agricultura y U$S50 por hectárea en cría.
El malestar rural crece al ritmo del agua. En Bolívar, Daireaux, Carlos Casares y Bragado, los caminos rurales quedaron convertidos en canales y los tambos y feedlots enfrentan pérdidas de producción. “Los intendentes deben rendir cuentas sobre el destino de las tasas viales. Los productores aportan todos los años, pero los caminos están destruidos”, plantean desde CARBAP.
El temporal tuvo su epicentro en Urdampilleta, donde se registraron ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora y caída de granizo. Allí, varios establecimientos rurales sufrieron pérdidas totales y la Sociedad Rural de Bolívar pidió colaboración solidaria para las familias afectadas. “Ya no se puede pasar ni siquiera en tractor”, alertaron los productores.
La Confederación de Rurales Argentinas (CRA) expresó su solidaridad y pidió “trabajo conjunto entre las entidades, municipios y organismos de emergencia para recuperar la capacidad productiva”. El Servicio Meteorológico Nacional informó que en Bolívar cayeron más de 70 milímetros en pocas horas, aunque en zonas rurales cercanas los registros superaron los 200.
En paralelo, el gobierno nacional comenzó a desembarcar en el oeste bonaerense, la zona más castigada por las inundaciones.
Las autoridades prevén llegar este viernes a 9 de Julio para reunirse con productores y recorrer campos anegados. “Más vale tarde que nunca”, reconocen los dirigentes rurales, aunque no ocultan el malestar por la inacción previa.
La visita de la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich busca mostrar presencia en un territorio que desde hace meses reclama asistencia. Sin embargo, las entidades recuerdan que la misma gestión del gobierno de Javier Milei frenó durante casi dos años las obras en la Cuenca del Río Salado, a pesar de contar con el financiamiento disponible.
El plan anunciado por Nación apunta a desagotar los excesos hídricos que cubren buena parte del oeste bonaerense. Pero esa estrategia genera alarma en otros distritos, como *Bragado*, que podrían recibir el impacto del agua desviada.
El productor Carlos Gutiérrez, de Bragado, expresó su preocupación: “Tomar obras de fondo en esta situación, en este momento, es imposible; y si las hacen, solo agravarán más rápido el problema de nosotros”. Su distrito cuenta con unas 220.000 hectáreas, de las cuales más de 50.000 ya están afectadas y entre 10.000 y 15.000 son de inaccesibilidad total. “No se puede entrar con maquinaria ni llevar insumos”, señaló.
Gutiérrez advirtió que las obras mal planificadas podrían empeorar el panorama: “Durante 25 años se priorizaron canalizaciones grandes sin tener en cuenta la capacidad real de evacuación de Bragado. Si ahora drenan más agua hacia acá, el remedio puede ser peor que la enfermedad”.
El productor reclamó una gestión “ordenada y consciente de los límites del territorio” para evitar que las soluciones rápidas agraven la crisis a largo plazo. Sus palabras reflejan el temor de muchos en los municipios que podrían quedar en la ruta del agua.
En la región, las imágenes satelitales muestran que los anegamientos avanzan desde el oeste bonaerense y el este de La Pampa hacia los partidos de 9 de Julio y Carlos Casares, zonas ya saturadas. El flujo hacia el mar a través del Río Salado es lento por falta de obras de dragado.
Ginestet insistió en que el panorama seguirá complicado mientras no se realicen los trabajos estructurales: “Las emergencias agropecuarias son un paliativo, pero sin infraestructura no hay salida. Es necesario incluir fondos específicos en los presupuestos provincial y nacional para avanzar con el Plan Maestro del Salado. No eliminará las inundaciones, pero puede reducir mucho su impacto”.
En este contexto, el reclamo político se vuelve cada vez más urgente. Los productores piden medidas concretas y no sólo visitas simbólicas. “La solución no puede esperar a la próxima cosecha. Hay que planificar con criterio técnico y responsabilidad. Si no, la historia se repetirá cada invierno”, advirtió Ginestet.
En el corazón productivo de Buenos Aires, el agua sigue avanzando y las promesas vuelven a flotar. Los productores miran el cielo con resignación y las rutas con bronca: saben que cuando el clima mejore, la tierra tardará en secar, los caminos en arreglarse y la confianza, una vez más, en recuperarse.
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