Las retenciones cero: ¿Alivio fiscal para quién?

Universidad del Este (UDE)

El Gobierno nacional, acorralado en su política cambiaria, decretó la semana pasada una baja transitoria de retenciones para granos, con un cupo de exportaciones sin impuesto de U$S7.000 millones, en lo que se presentó, supuestamente, como una medida de alivio para el productor agropecuario. Pero en la práctica, una parte sustancial del margen fue capturado por unas pocas cerealeras concentradas, dejando a muchos productores al margen del beneficio.

El costo fiscal estimado de la medida ronda el 0,2 % del PIB. Esa pérdida de recaudación supone un desafío para la cohesión del Gobierno, quien en nombre del superávit fiscal ha intentado vetar leyes con muy poco impacto presupuestario, como la Emergencia en Discapacidad. La condición operativa del decreto estableció que el beneficio se aplicaría hasta que se liquide el cupo o hasta el 31 de octubre, lo que ocurriera primero, y fijó un plazo de liquidación del 90% de las divisas en 72hs para quienes accedieran al beneficio.

Tras el anuncio, el precio de la soja pizarra de Rosario reaccionó: subió alrededor de 8 % en términos reales (pesos constantes) y 13 % en dólares. No obstante, si la baja de retenciones se hubiera trasladado de modo lineal, el margen implicado habría sido de cerca del 35%. Esa brecha —entre lo que se esperaba y lo que ocurrió— ya evidencia que los productores no captaron el beneficio en su totalidad, sino que una parte se diluyó en la cadena comercial, particularmente en las manos de las cerealeras.

Cuando se activó la medida, el cupo de U$S7.000 millones se agotó en apenas tres días hábiles. Esa rapidez expuso los límites del diseño: solapó una ventana breve pero intensa, lo que favoreció a operaciones de escala y empresas con capacidad de movilización. Más aún: siete empresas concentraron el 90 % de las exportaciones bajo el régimen de retenciones cero. El funcionamiento del mecanismo facilitó esta concentración. Muchas DJVE (Declaraciones Juradas de Venta al Exterior) anotadas pudieron corresponder a granos aún no comprados: las cerealeras anticiparon la liquidación con derecho a cero retenciones, y en los días subsiguientes pueden adquirir esos granos a valores con retención, capturando márgenes adicionales. En suma, la baja de retenciones dio lugar a un margen especulativo que favoreció a exportadores con capacidad financiera y logística, no al agricultor común.

Si ampliamos la imagen de la dinámica de precios del mercado del agro, los precios en pesos constantes durante el tercer trimestre del año promediaron los $390.663, lejos del $537.822 obtenidos durante el primer trimestre del Gobierno de Milei. Si bien luego de la medida los mismos mejoraron, se encuentran en niveles aún muy inferiores, lo que explica el descontento de los productores.

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El grueso del beneficio fue absorbido por empresas concentradas

Así y todo, el Gobierno no pudo aprovechar la ocasión para robustecer su política económica. Las liquidaciones informadas por CIARA alcanzaron los 5.744 millones de dólares y las compras del Tesoro fueron 2.157 millones según los trascendidos, lo cual representa un 38% de la liquidación, a pesar de haber vuelto a implementar la “restricción cruzada” que impide a las personas humanas vender MEP durante 90 días luego de comprar dólar oficial. Esta medida se realiza para evitar los arbitrajes entre un mercado y otro, pero ha traído el regreso de la brecha cambiaria, que oscila entre el 10% y 12% (contado con liquidación contra dólar mayorista).

En conclusión: la baja transitoria de retenciones tenía potencial simbólico para restituir poder adquisitivo a los productores del agro. Pero su ejecución muestra que el alivio fiscal no llegó: el grueso del beneficio fue absorbido por empresas concentradas. La ventana breve y el diseño permisivo convirtieron lo que podría haber sido una medida de alivio para muchos en un subsidio para pocos. Más que una señal de justicia sectorial, la acción parece responder a una urgencia financiera coyuntural, con efectos regresivos en la distribución del ingreso agropecuario.