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La flamante congresista electa Adelita Grijalva se encuentra en el centro de una disputa política con profundas implicaciones institucionales.
Aunque ganó por amplia mayoría una elección especial en Arizona, hasta ahora no ha sido juramentada, en medio de acusaciones de que su incorporación está siendo retenida para obstruir su firma decisiva en una iniciativa para revelar los archivos federales vinculados a Jeffrey Epstein.
Grijalva fue electa el 23 de septiembre para cubrir el escaño vacante tras el fallecimiento de su padre, el veterano legislador Raúl Grijalva, figura destacada dentro del ala progresista de los demócratas. Sin embargo, más de tres semanas después de su victoria, no ha podido asumir formalmente: el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano), se ha negado a administrar el juramento hasta que concluya el cierre parcial del gobierno.
La demora ha generado acusaciones de uso político del calendario legislativo. Grijalva y otros demócratas afirman que Johnson está reteniendo su juramentación para evitar que firme la petición final (la firma número 218) que obligaría a considerar en el pleno la publicación de documentos confidenciales sobre Epstein.
Mientras tanto, Johnson sostiene que no puede proceder hasta que tanto el Senado como los demócratas acepten un plan presupuestario para reabrir el gobierno.
La controversia sobre los archivos de Epstein ha cobrado renovado vigor en los últimos meses. Una discharge petition (petición de descarga) promovida por legisladores busca forzar una votación en el pleno de la Cámara para hacer públicos documentos federales relacionados con el financista acusado de tráfico sexual y abusos. Esa petición está cerca de completar los 218 apoyos necesarios; Grijalva detenta el voto faltante.
Por eso, su juramentación adquiere un valor simbólico y estratégico: no solo permitiría que sus electores tengan representación plena, sino que habilitaría un mecanismo para presionar por transparencia en uno de los escándalos más resonantes de los últimos años.
La demora ha sido interpretada por voces demócratas como una maniobra deliberada para impedírselo. El senador demócrata ruben Gallego acusó directamente al presidente de la Cámara de “fermar las diligencias para cubrir a los cómplices” y proteger a quienes podrían verse afectados por esos documentos.
Johnson ha rechazado esas imputaciones, calificándolas de “absurdas” y alegando que Grijalva no está siendo tratada de forma diferente de congresistas republicanos que también esperaron juramentarse en circunstancias similares.
Gran parte del contexto que rodea esta disputa es el cierre parcial del gobierno federal. Desde el 1 de octubre, diversas agencias están operando con presupuesto limitado, mientras la Cámara baja y el Senado no logran ponerse de acuerdo sobre la financiación del Estado.
La interrupción de funciones legislativas ha permitido que maniobras como la de Grijalva queden en ese limbo prolongado: mientras no se reanuden los trabajos normales, una parte de los procedimientos internos y las ceremonias (como la juración de nuevos miembros) quedan en suspenso.
Además, las tensiones partidarias crecen. Johnson afirma que él no puede actuar antes de que los demócratas acepten abrir el gobierno. En cambio, los demócratas insisten en que la administración se reabra sin condiciones que limiten sus herramientas de oposición, como la petición para publicar los archivos Epstein.
Mientras la controversia se intensifica, el distrito que eligió a Grijalva sigue sin voz formal en la Cámara de Representantes: ella no puede contratar personal, recibir asignaciones federales ni atender reclamos locales como lo haría un congresista plenamente investido.
El caso avanza entre escollos legales y reclamos políticos. El fiscal general de Arizona ya envió una carta a Johnson solicitando que la juramentación no sufra más dilaciones. Además, la atención mediática crece: para muchos observadores, mantener a Grijalva en espera mientras todos los ojos están puestos en los documentos Epstein constituye una afrenta simbólica al principio democrático de representación.
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