Avances legislativos en el tema de la imputabilidad de los menores de edad

A paso lento si se toma en cuenta la antigüedad del problema, pero sostenido en las últimas semanas, la Cámara de Diputados retomó anteayer al análisis y debate de los proyectos de ley presentados para bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad.

Tal como se informó, en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, se expusieron los aspectos centrales de las distintas propuestas.

Uno de los intervinientes, representante de un bloque federal, al defender su texto para reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, advirtió que solo dos países de Latinoamérica (Argentina y Cuba) sostienen regímenes penales de minoridad con un piso de responsabilidad penal en los 16 años.

Al explicar su postura argumentó que no es apropiado interpretar que se busque bajar la edad de imputabilidad “para poner presos a los menores”, sino que “al contrario, lo que se busca es que el Estado pueda intervenir y contener al menor que se encuentra en conflicto con la ley”.

Y añadió que los menores de entre 14 y 16 años “no pueden ser sometidos a un régimen asimilable al del adulto, pero tampoco quedar sin la posibilidad de proteger la seguridad pública”.

Otro legislador que integra un bloque afín al actual oficialismo detalló su propuesta propicia que los menores sean imputados a partir de los 15: “Según cifras del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, el año pasado hubo 23.846 causas penales iniciadas contra menores” y se registraron “casi 200 homicidios en los que están involucrados menores de 15 años, lo que representa un aumento de más del 8 por ciento respecto del 2022”.

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En general –aún cuando se registraron variantes en las distintas iniciativas- en la mayoría de los bloques se estaría coincidiendo en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad a los 13 ó 14 años de edad, estableciéndose penas máximas para los menores con una cuantía de años más baja en las condenas, que las que rigen para los mayores de edad, aún cuando las crónicas no reflejaron cuál será finalmente la postura del bloque que perteneció al sector político del anterior gobierno.

La inseguridad reinante, acentuada por la creciente intervención de menores en delitos, así como la irrupción de la droga y del narcotráfico, los avances tecnológicos mal empleados, como en el inquietante caso de los ciberdelitos, agravaron un panorama que, además, se nutrió con la aparición de una corriente doctrinaria que relativizó y hasta cuestionó el cumplimiento de las leyes, votó normas procesales permisivas y asentó criterios que fueron despojando a la sociedad de convicciones claras acerca de las obligaciones que toda persona debe cumplir para vivir en sociedad.

Este panorama negativo se instaló mientras en muchos otros países –apreciados desde siempre por su estricto respeto a los derechos de todas las personas- no sólo se debatieron y sancionaron leyes que bajan la imputabilidad penal de los menores de edad, sino que las fuerzas policiales como las demás instituciones públicas se ocupan con de que la población respete las leyes, como premisa para garantizar una convivencia justa y civilizada. Es de esperar, entonces, que el Congreso Nacional, con sus análisis, propuestas y definiciones se muestre a la altura del desafío planteado por esta grave cuestión.