Afirman que otorgaron miles de certificados médicos truchos

Un informe periodístico denunció una estafa con las pensiones por invalidez otorgadas por el Estado nacional en la anterior administración.

En tal sentido, desde el canal de TV La Nación+ se expresó que del millón doscientos mil pensiones vigentes, “el 80 por ciento” no deberían haberse aprobado.

Se aseguró además que hasta el año 2003, el Gobierno había otorgado un total de 80 mil pensiones y hoy trepan a más de un millón.

Incluso en algunos lugares, como por ejemplo la localidad de Guanaco Muerto en Córdoba, donde viven 320 personas, hay 480 pensiones por invalidez.

Según el informe, “el fraude de las pensiones truchas por invalidez le cuesta a los argentinos U$S 2.200 millones anuales.

Ya en marzo último, el Juzgado Federal de Concordia, mediante la acción coordinada del Grupo de Operaciones Especiales (GOIP) del Escuadrón 4 de Gendarmería, desveló una compleja red delictiva dedicada a la adulteración de certificados médicos y documentos oficiales con el fin de obtener pensiones no contributivas por invalidez de forma ilegítima.

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Durante un extenso período de 10 meses, los agentes realizaron tareas de investigación, recopilaron información, llevaron a cabo operativos de campo y realizaron búsquedas exhaustivas en diversas bases de datos. Como resultado, identificaron a punteros barriales, personal médico y otros cómplices necesarios de la organización involucrados en estas prácticas fraudulentas, se afirmó.

La semana pasada se conoció que la investigación sobre las pensiones “truchas”, que significó una estafa millonaria a la Anses, perpetrada por punteros barriales y profesionales médicos se divide en dos etapas fundamentales, cada una con objetivos específicos.

Una primera de detección de pensiones irregulares donde se evalúa el perjuicio causado al Estado por cada Pensión No Contributiva (PNC) otorgada fraudulentamente, y una segunda parte para determinar la responsabilidad de médicos y gestores.

También hubo una investigación por pensiones truchas en San Rafael, Mendoza, donde el fiscal federal Federico Sabás detuvo a una organización que confeccionaba certificados médicos truchos para recibir el subsidio.