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Los asaltos a personas de la tercera edad siguen de moda en nuestra ciudad. Prácticamente no corre jornada en la que dos o más hechos delictivos no sean cometidos contra ellos, tal como las crónicas policiales lo reflejan día tras día.
La recurrencia de los asaltos en perjuicio de personas mayores no sólo constituye un motivo de justificada alarma, sino que la incapacidad demostrada hasta ahora para neutralizar esta oleada violenta que se ensaña con la franja más indefensa de la población, debiera causar no sólo una profunda preocupación sino la puesta en práctica de políticas específicas, tanto investigas como preventivas. Se sabe, además, que muchas veces estos episodios derivan en desenlaces trágicos.
En el último asalto, reflejado en la edición de ayer, un matrimonio de adultos mayores, de 76 y 75 años de edad –moradores de un barrio cerrado de nuestra zona- que estaba ultimando los preparativos para irse a dormir, terminó sufriendo la embestida de tres delincuentes, que los castigaron con brutalidad, para finalmente robarles dos mil pesos, dos celulares y dos televisores. Fue providencial que las consecuencias no hubieran resultado, aún, de más gravedad.
El dueño de la casa debió ser atendido por personal médico del hospital de Gonnet, debido a los golpes que presentaba en varias partes del cuerpo y, una hemorragia, que se inició a raíz de una herida provocada por golpes en la zona de la nuca con la culata de un arma de fuego.
La situación no puede ser más preocupante. Se conoce también que muchos de los mayores asaltados perdieron la vida por defender a sus parejas, a sus hijos y nietos, dejando siempre testimonio de un ponderable heroísmo. Otros no pudieron soportar la tensión que generan los asaltos y fallecieron por la impresión, a causa de infartos.
Hace unos años, al menos, desde un organismo del Estado se intentó algo. Fue así que el Instituto de Previsión Social desarrolló ciclos de charlas preventivas, ofreciéndose recomendaciones a los mayores de edad sobre los mejores modos de actuar para evitar estos episodios.
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Ahora, desde hace años, no se conoce que exista ninguna iniciativa en curso en las áreas oficiales, destinada a promover los mecanismos y estrategias de prevención que puedan emplear los mayores de edad.
Aún cuando la primera obligación del Estado sea la de ofrecer seguridad por igual a toda la población, corresponde aguardar que las autoridades no sólo desplieguen campañas destinadas a inculcar advertencias a las personas mayores, sino también a enhebrar –inclusive con el aporte que puedan prestar los vecindarios y las instituciones barriales- estrategias tendientes a ofrecer mayor resguardo a las personas de edad avanzada, cuyo estado de indefensión resulta crítico.
Lo que no cabe es ninguna clase de acostumbramiento o resignación frente a esta dolorosa sucesión de delitos. Todo ello, sin perjuicio de la tarea investigativa y de actuación concreta que debiera impulsar la Policía.
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