La “puerta giratoria” no puede ser la solución para el delito juvenil

Mientras se debate en la órbita nacional la baja de la edad de la imputabilidad de los menores -un tema crítico en nuestra provincia, que encabeza el ranking de delitos cometidos por chicos que oscilan entre 13 y 17 años, cuando no de menor edad- persiste irresuelto el conocido problema de la “puerta giratoria” que, si no es la única, es la fórmula que rige para la mayoría de los casos: un menor delinque, entra a la comisaría y a los pocos minutos vuelve a la calle.

En este diario acaba de publicarse un informe revelador de los niveles alarmantes que alcanza el delito juvenil en La Plata. Se está, sin dudas, frente a un problema doloroso, ya que no surgen a la vista vías institucionales dispuestas y aptas para mitigar un problema social de tanta gravedad.

Tal como se ha dicho, en el trato de los asuntos que corresponden al sistema de minoridad tienen que ver, de una u otra manera, los tres poderes del Gobierno, pero esa intervención conjunta pareciera no encontrar rumbos exitosos. Por el contrario, el problema se agrava con el correr del tiempo.

Algunos de los institutos que existían, calificados entonces como de alta seguridad, reservados para casos de menores que cometen delitos graves, cayeron en virtual desuso en las últimas décadas. La llamada “prisionización” de menores fue considerada impropia. Los centros asistenciales, que también existen, perdieron gravitación y las comisarías no están preparadas para albergar a estos adolescentes en conflicto con la ley, más allá de que las normas no las autorizan a actuar en la contención prolongada de personas de ninguna edad.

La inimputabilidad penal determina que por debajo de los 16 años de edad, los menores no son punibles y de allí que se hable de la “puerta giratoria” en las comisarías, ya que en modo alguno podrían quedar internados allí los menores que infrinjan las leyes penales. Más allá de las tesis doctrinarias que se puedan sustentar en una u otra dirección, lo cierto es que se estaría, entonces –si no se intensificaran y perfeccionaran los centros de asistencia al menor, tal como ocurre- soslayando la posibilidad de hallar soluciones. Es como aceptar que el laberinto no tiene salida.

Hace pocas jornadas fueron aprehendidos siete menores cuando pretendían forzar el portón de una cochera en 64 entre 26 y 27. Tenían entre 13 y 17 años de edad. Y la respuesta institucional fue la siguiente: identificación de los menores e inmediata entrega a sus familias. Mientras tanto, la única escuela de los chicos es la calle más salvaje, con la población como víctima indefensa.

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Se vinieron reflejando en esta columna, desde hace muchos años, fundamentos y opiniones vertidas por especialistas acerca de la necesidad de que existan en la Provincia y en el país políticas preventivas y de inclusión integral para alejar a los menores del delito.

Sin perjuicio de las reformas legales e institucionales que el sistema reclama desde hace mucho tiempo, se ha dicho también y debe insistirse en que las estadísticas comprueban que la participación de niños y jóvenes en actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o recreativas resultaron totalmente positivas y sirvieron para apartarlos del delito, de la reincidencia y del ingreso a la droga, abriéndoles, además, perspectivas concretas de un futuro mejor.