Deben revertirse el hacinamiento y las carencias del sistema carcelario

Tres cárceles de La Plata -la Unidad 18 de Gorina, la 1 de Lisandro Olmos y la Unidad 9 exhiben los mayores índices de superpoblación de detenidos, en una situación que quedó patentizada en un informe detallado en este diario, del que además pueden colegirse las serias deficiencias funcionales, de hacinamiento y agravamiento de las condiciones de detención que caracterizan a muchas de las cárceles bonaerenses.

En la Provincia existen 54 cárceles, 4 alcaidías penitenciarias, 15 alcaidías departamentales y 1 unidad de tránsito. Un total de 74 establecimientos, organizados en 12 complejos penitenciarios. Hay 6 establecimientos destinados exclusivamente a mujeres, 13 a mujeres y varones y 3 a varones y mujeres trans. En casi todos, salvo alguna rara excepción, hay superpoblación de detenidos.

Por citar pocos ejemplos: a septiembre de 2024, según un informe oficial, la Unidad 18 de Gorina, con un 187 por ciento de cupos sobregirados, es la que encabeza esa ranking, seguida por la Nº 1 de Lisandro Olmos, con 155 por ciento y la 9, que tiene 137 por ciento de plazas excedidas.

En nuestra zona, en la que hay otras nueve cárceles, la única que cuenta con plazas disponibles, siempre en base al mismo documento, es la Unidad 10 de Romero, con 24 lugares en esas condiciones.

Un informe producido en 2023 por el Servicio Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNNEP) destaca que el año pasado había en todo el país 125.041 personas detenidas, distribuidas de la siguiente manera: 111.967 en cárceles; 13.074 en comisarías o destacamentos de fuerza de seguridad (algo que está prohibido por la ley) y 11.900 en prisión domiciliaria o con monitoreo electrónico. Esa cifra vino creciendo año tras año desde que se iniciaron estos cómputos en 2002, cuando el número total de presos era de 117.810.

Más allá de estas referencias estadísticas, muchos antecedentes relacionados a la superpoblación carcelaria -reflejados en informes oficiales producidos por los máximos tribunales de Justicia, por organismos públicos y, entre otros, por organismos y entidades de derechos humanos- alertaron por las “condiciones inhumanas de detención”, tal como dijo la Corte nacional en años anteriores, así como también se tradujeron en insistentes pedidos formulados desde diversos sectores para que se revierta un panorama ciertamente indigno de las condiciones que, para el alojamiento de los presos, reclama la Constitución nacional.

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Resulta de obligatorio cumplimiento que las condiciones de seguridad y de higiene en los establecimientos penitenciarios deben ser óptimas y así debe estar garantizado, del mismo modo que la realización de actividades laborales, educativas y recreativas. Es fundamental, para que el sistema penitenciario cumpla su misión con eficacia, que las cárceles sean ámbitos adecuados y seguros.

Está claro que la superpoblación atenta contra todas estas necesidades y engendra una peligrosa distorsión funcional en las unidades. Pero cabe insistir en que se preste una oportuna atención a las distintas denuncias que se han formulado, indicativas de severas fallas en unidades del sistema carcelario. Es de esperar que en la Provincia y también en el resto del país se reviertan cuanto antes estas carencias que resultan inexcusables.