Los asesinos de Fernando Báez Sosa detenidos en La Plata sufrieron un revés judicial: qué decidió la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le propinó un nuevo revés judicial a los jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, que están detenidos en La Plata, al rechazar los recursos de queja presentados por sus defensas. La decisión del máximo tribunal implica que, por el momento, no intervendrá en el expediente y deja firmes las resoluciones adoptadas por instancias inferiores.

El fallo alcanzó a siete de los ocho condenados por el homicidio ocurrido en enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideraron inadmisibles los planteos al entender que no estaban dirigidos contra una sentencia definitiva, requisito indispensable para habilitar su intervención.

De este modo, el tribunal evitó pronunciarse sobre el fondo de la causa. En su resolución, sostuvo que los recursos no cumplían con los estándares formales exigidos o bien no correspondían a una instancia procesal que habilite la revisión extraordinaria. La decisión se enmarca en una línea jurisprudencial habitual de la Corte, que limita su accionar a fallos definitivos.

Los planteos habían sido impulsados por las defensas de los condenados, encabezadas por el abogado Hugo Tomei, quien buscaba revertir las condenas o, al menos, lograr una revisión más amplia del proceso judicial. Sin embargo, esos intentos ya habían sido rechazados previamente por el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

Entre los recursos desestimados también se incluyó una presentación individual en favor de Máximo Thomsen, uno de los principales acusados, que fue rechazada por incumplir requisitos formales exigidos por el máximo tribunal.

Con esta resolución, continúan vigentes las condenas dictadas en febrero de 2023, cuando la Justicia encontró responsables a los ocho imputados. En ese juicio, cinco de ellos fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado, mientras que los otros tres recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios.

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El expediente, no obstante, aún no está cerrado. La causa sigue su curso y se encuentra a la espera de una eventual revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, instancia que podría convertirse en el próximo escenario de definiciones clave.

El crimen de Báez Sosa marcó un antes y un después en la agenda pública argentina. La brutal agresión grupal, ocurrida frente a un local bailable, generó una fuerte conmoción social, reavivó el debate sobre la violencia entre jóvenes y mantuvo en vilo a la opinión pública durante todo el proceso judicial.

Detenidos en La Plata: rutina, encierro y las voces desde la cárcel

Mientras el proceso judicial continúa su curso, los condenados permanecen alojados en una alcaidía Nº61 de Melchor Romero, bajo un régimen de detención que combina aislamiento relativo, rutinas estrictas y limitadas actividades diarias.

En ese contexto, sus jornadas transcurren entre las horas en sus celdas, momentos de recreación acotados y el seguimiento de causas judiciales. Según se conoció, varios de ellos comparten espacios comunes en determinados horarios, aunque con controles estrictos y bajo supervisión permanente del personal penitenciario.

En los últimos meses también trascendieron algunas declaraciones desde el encierro. Una de las más resonantes fue la de Máximo Thomsen, quien en una entrevista manifestó su arrepentimiento y aseguró que no pasa un día sin pensar en lo ocurrido. En ese testimonio, sostuvo que el hecho “le arruinó la vida a todos” y expresó su deseo de que la sociedad conozca su versión de los hechos, en medio de un proceso judicial que aún no concluye.

Ese tipo de intervenciones públicas, aunque esporádicas, forman parte de la estrategia de las defensas, que buscan instalar una revisión del caso tanto en el plano judicial como en el debate público.

Por ahora, sin embargo, el reciente fallo de la Corte Suprema vuelve a marcar un límite claro: las condenas siguen firmes y los acusados continúan detenidos, a la espera de nuevas instancias que definan su futuro judicial.