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“El objetivo es proscribirme de por vida”, denunció en un documento de 5 carillas que difundió por las redes sociales
Cristina Kirchner ayer en la sede central del gremio Smata/ X
La Cámara de Casación Penal se expedirá hoy sobre la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta contra Cristina Kirchner en la llamada causa Vialidad, en la que se investigó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Es altamente probable que la ratifique en esos términos. Para la expresidente el peor escenario es que el tribunal de alzada acepte el pedido incluido en la apelación de la fiscalía para que se eleve la pena a 12 años. En ámbitos judiciales ayer se decía que eso es lo menos probable pero, en rigor, no puede descartarse nada.
Dando por descontado que se viene otro golpe, Cristina ayer se movió en término políticos, como ya lo había hecho en la previa de que se conociera la sentencia del Tribunal Oral que la juzgó en primera instancia, hace dos años.
Por un lado, encabezó un encuentro en la sede del gremio de Smata junto al resto de los miembros de la lista “Primero la Patria” que la secundará al frente de la conducción del PJ, su nuevo destino institucional.
El líder del ese sindicato, Ricardo Pignanelli, acompañará a la exvice en el partido. El evento fue, obviamente, una puesta en escena con la que Cristina busca fortalecer su relato sobre una supuesta maniobra de persecución política y proscripción en su contra, que es la forma con la que siempre ha definido la condena y el juicio en general.
Y más ahora que se ha convertido formalmente en la jefa de la principal fuerza de oposición al gobierno de Javier Milei.
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“Se hizo referencia al tema de la persecución política a una persona que obviamente puede ganar las elecciones que viene y puede ser la próxima presidenta del país. Por eso la están persiguiendo”, dijo luego de esa reunión el senador K José Mayans..
Por otro lado, Cristina difundió un documento en redes sociales, en el que tildó la investigación de “show” y defendió su inocencia. Allí, se refirió a los jueces de la Cámara que deben expedirse hoy -Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña- como “los Copitos de Comodoro Py”, en referencia a la banda de lúmpenes que quiso asesinarla en la puerta de su casa.
Y porque, para ella, los magistrados tienen relación con el macrismo como también insiste en que la tiene el grupo de marginados que vendían algodón de azúcar. Algo que nunca se ha podido probar seriamente.
En el largo texto, la expresidenta da a entender que será condenada en segunda instancia en la Causa Vialidad y así, de apelar, su suerte quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es obvio que entre su espacio y el máximo tribunal hay tensión: el año pasado el kirchnerismo impulsó un juicio político a sus miembros en el Congreso.
“Van a confirmar la condena del Tribunal Oral (...) Por un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015”, sostiene la exvicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández. Por supuesto es un enfoque parcial del expediente.
Además, volvió sobre viejas construcciones semánticas referidas a sus supuestos verdugos. Dijo que los jueces cumplirán “la orden impartida por el Grupo Clarín (en referencia a una nota de ese diario titulada “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”). O sea: si no me mataron, tengo que estar presa”, escribió.
En su escrito, Cristina habla de causas judiciales de la familia Macri, como la denominada Sevel o la del Correo o una que involucra Parques Eólicos, como para también manchar al ex presidente que le ganó al kirchnerismo en 2015 porque, hay que recordar, para su lógica una de las patas del llamado lawfare la integra el macrismo.
También habla del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recordando “la gran estafa del Megacanje” (el hombre era funcionario del gobierno de Fernando de La Rúa cuando se hizo esa operación) y hasta menciona el célebre episodio de “la Banelco”, aquella sospecha de pago de coimas a senadores a cambio de una reforma laboral allá por el año 2000, episodio que empezó a detonar la gestión radical. En definitiva, un mejunje que mezcla peras con manzanas.
Por otra parte, en un párrafo internacional, otra vez asegura que hay un “fenómeno regional” del “Partido Judicial” y los “medios hegemónicos” que hablan de corrupción. “Lula preso, Evo Morales destituido, Rafael Correa exiliado y, ahora, Donald Trump (representando un nacionalismo con características propias de un país con hegemonía global) ganando las elecciones de EE.UU a pesar de tener más de 30 causas en su contra, varias condenas y un intento de asesinato en plena campaña electoral”. Es probable que sus seguidores hagan hoy algún tipo de demostración de presencia para apoyarla. Seguramente se oirá este mismo argumento de defensa no judicial.
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