La puerta giratoria que retroalimenta el delito y las cárceles que no educan

La ola delictiva que aflige a nuestra zona y al país no sólo crece por la incorporación de menores de edad y de otras personas que eligen ese mal camino, sino que se retroalimenta con quienes salen de las cárceles ya sea por el otorgamiento de beneficios que acortan las condenas o que permiten salidas anticipadas de los presos.

En nuestra zona acaban de conocerse datos estremecedores sobre integrantes de una banda que asaltó viviendas en Ringuelet y Tolosa, cuyo jefe se encontraba a disposición judicial, con teórico monitoreo permanente de cada uno de sus movimientos y obligación de permanecer en su domicilio.

Porque las libertades condicionales, las penas de reclusión domiciliaria, así como las salidas transitorias y otra larga lista de los llamados beneficios procesales -muchas veces mal aplicados o dispensados con extrema liberalidad- forman parte, en definitiva, del fenómeno de la “puerta giratoria”, que le permite a los delincuentes volver a cometer delitos ante una sociedad cada día más agredida.

En el caso mencionado, un informe del Servicio Penitenciario, fechado el 28 de agosto pasado, había advertido irregularidades en el caso del líder de la banda, al tiempo que recomendó que se le revocara todo beneficio.

La nota, que llegó a la sede del tribunal judicial competente, mencionaba cinco presuntas salidas de la vivienda sin autorización y hasta dos cortes o apertura de la tobillera electrónica.

Detalló, además, que al liberado con prisión domiciliaria se le habían realizado “256 llamadas” telefónicas a su casa, que nunca respondió desde el 22 de septiembre de 2022.

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Parece necesario reiterar el dato: 256 llamadas en algo menos de doce meses. Después se supo que el hombre no contestaba porque estaría cometiendo algún hecho delictivo fuera de su domicilio.

Existen infinidad de casos semejantes, tanto en nuestra ciudad como en otros distritos. La puerta giratoria no funciona solamente en las comisarías para los menores que cometen delitos. También lo hace en las cárceles, liberando provisoriamente a presos que salen a robar y matar sin piedad alguna a sus víctimas.

Mujeres mayores de edad atacadas a culatazos, niños amordazados, adultos asesinados a balazos, maniatados y gravemente heridos, abandonados a su suerte durante horas por profesionales o amateurs del delito, muchos de estos en uso de los famosos “beneficios procesales” que el régimen penitenciario, las leyes o los magistrados otorgan muchas veces a voleo, sin que luego se realicen los controles propios a toda ejecución de la pena.

Con celulares en sus calabozos para seguir delinquiendo, para manejar sus bandas desde la cárcel o cometer permanentes “secuestros virtuales”, también se encuentra insólitamente facilitada la rápida salida en libertad de acusados de cometer graves delitos, algo que se traduce en dramas y tragedias injustificables y que acentúan los niveles de inseguridad existentes.

La inseguridad es un problema angustiante que viene creciendo desde hace varias décadas, intensificada a partir de la suma de graves desaciertos institucionales, que debieran ser corregidos lo antes posible.

Pero ahora, como agravante que debiera preocupar muy hondamente, se sumó el influjo del narcotráfico.

El problema, que golpea cotidianamente sobre la población, merece una profunda revisión legislativa, que abarque tanto a la legislación como al sistema penitenciario, sin dejar de lado la necesidad de que la Justicia penal apure las causas para que la mayor parte de los detenidos en cárceles sean condenados y no procesados.

Al mismo tiempo es imperativo contar con una fuerza policial mejor capacitada, que recupere además el principio de autoridad en las calles y su mejor relación con la sociedad a la que debe servir.