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El ministro de economía Sergio Massa, en campaña / telam
Carlos Barolo
El kirchnerismo no tenía otro candidato que Sergio Massa y tampoco otro Ministro de Economía que pudiera negociar con el Fondo Monetario Internacional la devaluación y reducir gastos del Estado para no imprimir más dinero, lo que sería altamente inflacionario y lograr que las demandas sociales no produzcan una explosión.
Todo eso lo advirtió Massa y por eso tal vez decía hace unos meses que hay cierta incompatibilidad entre ser candidato presidencial y ministro de Economía. No porque sea ilegal, porque nada impide la superposición de roles. Pero es al menos una posición incómoda para el postulante del oficialismo esta actualidad, en un contexto donde la gestión no puede mostrarse como el gran caballito de batalla para buscar votos.
El Massa candidato viene prometiendo que va a mejorar en su eventual gobierno lo que el Massa ministro no ha logrado encarrilar en este. Suena a cuestión de fe.
Las recientes medidas anunciadas son un ejemplo de aquella incomodidad. Resumidamente: más impuestos a las importaciones, que tendrían impacto negativo en la producción; un dólar agro extendido que el campo ya no aplaude; el encarecimiento del llamado dólar ahorro, ese puchito mensual que puede adquirir cierta clase media. Las centrales empresarias salieron a rechazarlas; el campo -motor del ingreso de divisas a la Argentina- a poner todos los reparos posibles. La coyuntura lleva a Massa a tener que dar sólo malas noticias, por lo menos en esta etapa pre-Primarias.
El Fondo Monetario Internacional, por cierto, le ha dado una gran mano. El último domingo sacó un comunicado inédito diciendo que las conversaciones informales con el gobierno argentino sobre lo que hay que hacer para que el organismo acepte reformular el incumplido acuerdo y desembolse los ansiados dólares iban en la dirección correcta. No dijo que ya había un acuerdo cerrado, como sí lo presentaron los voceros de Economía. Conclusión: ya pasó casi una semana y, que se sepa, no se ha girado ni un sólo dólar desde Washington.
Probablemente no lleguen antes de las Primarias del 13 de agosto, admiten en fuentes del Gobierno. Y si llega algo, casi seguro será en DEG (Derechos Especiales de Giro), la moneda de uso interno del Fondo que sirve para pagarle al Fondo. Es un juego de “hacer como que”, en el que Massa ha logrado involucrar al organismo en búsqueda de oxígeno hasta las elecciones. A favor suyo: seguramente no lo hubiera logrado si el candidato presidencial fuera otro. Es que en Washington tienen la misma sensación que acá: el ministro, no el actual Presidente, es el que maneja la gestión del Gobierno. Es lo que señala Massa hacia adentro de Unión por la Patria.
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La decisión de postergar la difusión del REM (Relevamientos de Expectativas del Mercado) del Banco Central (BCRA) apunta precisamente a dilatar ese tipo de noticias que no merecen aplausos. El REM es un informe que hace el BCRA en base a los datos de inflación que, mensualmente, miden las consultoras privadas. Es la referencia respecto a cómo ve el mercado el costo de vida y se hace público antes de que el Indec difunda su Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ahora el REM se pasó para después de las Primarias. Y se dará junto con el IPC. O sea que dejó de ser un trabajo de “expectativas”.
A Massa le estalló además un nuevo incordio, del que él es originalmente ajeno pero estará obligado a asumir por su condición de postulante presidencial del Gobierno. Es el juicio millonario en Nueva York por la expropiación de YPF durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, que ya está perdido.
La Argentina deberá pagar como mínimo 5.000 millones de dólares a un fondo buitre -que compró el juicio a accionistas minoritarios- en concepto de reparación porque la estatización, según el tribunal, fue hecha sin respetar ciertos pasos. Se recuerda que al momento de la operación, cuando Axel Kicillof era el ministro de Economía y estratega de la movida, el Estado le había dado al accionista privado mayoritario -Repsol- una millonada en bonos de la deuda.
El Massa candidato deberá referirse a este tema en plena campaña, si es que acepta algún reportaje no consensuado, o eventualmente en el debate previo a las elecciones generales. Para el kirchnerismo es una cuestión crucial del relato épico histórico, lo que sus líderes llaman la “recuperación de YPF” para conseguir “soberanía energética”. Se le apuntará al tema porque, más que una re adquisición patriótica, asoma como un mal negocio para las arcas nacionales.
Para Massa las PASO son una bisagra. No porque vaya a perderlas (su rival Juan Grabois asoma lejano en las encuestas) sino porque necesita que la economía no se desmorone del todo para alcanzar aunque sea en forma agónica el objetivo de ser el candidato individualmente más votado.
En su entorno creen que en agosto Unión por la Patria como espacio debería sacar un 30% en la Provincia de Buenos Aires para que él sea competitivo en octubre. Por eso Massa está pidiendo la colaboración de todo el peronismo en esta instancia. Se supone que después la campaña quedará absolutamente a su cargo, que dependerá de su “expertise” y sus atribuciones personales.
Así, habrá en los próximos días apariciones en el interior con los gobernadores del PJ, que prefirieron desdoblar las elecciones en sus distritos para despegarse del mal momento nacional; recorridas por el Conurbano con Kicillof, que aparece mejor posicionado que el ministro en los sondeos, y el apoyo oficial de la CGT, cuyos gremios hasta le armarán un acto para respaldarlo explícitamente como candidato del peronismo que es.
Esa lealtad, en el fondo, no deja de ser algo también incómodo para los sindicalistas de la calle Azopardo: los afiliados a sus gremios no dejan de perder el poder adquisitivo de sus salarios en un país con inflación por las nubes, el gran punto débil de la gestión económica.
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