El Estado se queda casi con el 75 por ciento de la renta agrícola

En la última medición del Índice Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), se demostró el creciente peso de los impuestos en la producción agrícola del país. Según el informe, $74,60 de cada $100 generados por la actividad agropecuaria, es decir un 74,6%, se lo queda el Estado. Esta cifra se eleva al 100% para aquellos productores que alquilan sus campos.

La sequía y los menores precios internacionales son los principales factores que han contribuido al alto índice de participación del Estado en la renta agrícola, advirtió David Miazzo, economista jefe de FADA.

En comparación con el mismo mes del año anterior, el índice ha aumentado en 13 puntos, sostuvo Fiorella Savarino, investigadora de FADA. El promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 74,6%, la participación del Estado en soja es del 83,5%, maíz 69,7%, trigo 57,9% y girasol 63,7%. Esta tendencia al alza se debe, en parte, a la estructura tributaria argentina.

La sequía ha impactado negativamente en la rentabilidad de los productores, lo que a su vez ha llevado a un aumento en la participación de los impuestos sobre la renta. Otro factor que ha contribuido a la situación actual es el atraso cambiario, enumeró Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.

La fuerte caída en la producción debido a la intensa sequía que se registró en el país generó que la participación del Estado a través de los impuestos aumente. Esto se da porque el impuesto con mayor peso es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta.

A pesar de un incremento nominal del tipo de cambio oficial, ajustado por la inflación se ha producido una disminución del 1,7%. Esto ha generado un encarecimiento de los costos de producción medidos en dólares, afectando de manera negativa a la actividad exportadora.

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En ese sentido, el reporte indicó que el efecto del cepo importador también ha influido en la situación actual. El encarecimiento de los productos importados impactó directamente en los insumos clave para la producción agrícola, como neumáticos, repuestos, camiones y maquinarias. “A su vez, se espera que el cepo importador se profundice en 2023 debido al menor ingreso de divisas como consecuencia de la sequía”.

A pesar de ciertos alivios en los costos de insumos y fletes, como la reducción en dólares de algunos fitosanitarios y fertilizantes, así como el atraso en las tarifas de fletes y labores respecto a la inflación, la presión tributaria sigue siendo elevada.

“El esquema impositivo actual en Argentina se caracteriza por ser poco federal, ya que la mayor parte de los impuestos recae en el ámbito nacional. Los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios representan tres de cada cuatro pesos del total de impuestos que enfrenta una hectárea agrícola en el país”, reveló el análisis.

El índice FADA nacional es de 74,6%, Córdoba registra un 78,5%, Buenos Aires 69,1%, Santa Fe 67,9%, La Pampa 74,8%, Entre Ríos 79,4% y San Luis 77,7%. Resalta que, en el caso de soja, 5 de las 6 provincias tienen un índice superior a 80%.

En todas las provincias analizadas además se paga impuesto inmobiliario rural y a los sellos para la compraventa de granos.

Las provincias reciben una parte de los impuestos nacionales como coparticipación y también recaudan diversos impuestos. Sin embargo, los impuestos provinciales representan solo el 5,6% del total de los tributos. Por último, los impuestos municipales constituyen el 0,9% restante.

“Este desalentador panorama se agrava aún más para aquellos que alquilan las tierras, ya que la carga impositiva se lleva la totalidad de su renta. Es decir, los impuestos absorben el 100% de los ingresos generados por el arrendamiento de los campos, dejando a los productores sin margen alguno para obtener beneficios”, describió el reporte.

“¿Cómo sacamos este cálculo? Consideramos que la renta es el valor de la producción menos todos los costos que enfrenta. Esa renta se distribuye entre los impuestos, el resultado de la producción y la renta de la tierra”, agregó el economista.

El índice FADA refleja la creciente carga impositiva que enfrentan los productores agrícolas argentinos y su impacto en la rentabilidad y desarrollo de las regiones productivas.

Al respecto, destacaron la necesidad de promover un ambiente propicio para el sector, ya que resulta “fundamental revisar y ajustar el esquema tributario, brindando medidas que alivien la carga fiscal en momentos de dificultades como la sequía y el atraso cambiario, y fomenten la competitividad y el desarrollo sustentable de la agricultura en Argentina”.

En los últimos dos años y medio hubo una mejora sustancial de precios internacionales, primero impulsada por la política monetaria de Estados Unidos y los principales bancos centrales del mundo, y luego por la guerra Rusia-Ucrania, con mayor impacto en el trigo y el girasol. “Sin embargo, así como hubo una mejora de los precios internacionales, se dio una baja abrupta del tipo de cambio oficial real, lo que afecta de manera negativa la competitividad cambiaria de la producción agrícola. De hecho, a raíz de este atraso es que fueron necesarias las tres ediciones del Dólar Soja para impulsar las ventas de soja”, explicaron.

El impuesto con mayor peso es el derecho de exportación o retenciones