Jujuy, paralizada, con más piquetes y marchas

Jujuy sigue sin recuperar la calma. Tras los graves episodios de violencia del martes, la provincia cumplió ayer una semana de protestas en rechazo a la reforma constitucional aprobada por el gobierno de Gerardo Morales. A la par, siguen los reclamos salariales de distintos gremios y pedidos por la liberación de (al menos) 56 detenidos: entre ellos, militantes kirchneristas y de izquierda (algunos con prontuario delictivo) que protagonizaron el ataque a la Legislatura jujeña, con pedradas y quema de autos mientras se trataban los cambios a la Carta Magna provincial.

En ese clima de tensión, Jujuy amaneció ayer con al menos nueve piquetes, que durante la tarde se extendieron a veinte. Con cortes de ruta en las localidades de Perico (a 30 kilómetros de la Capital, donde se encuentra el aeropuerto), Purmamarca, Tilcara y Uquía (en la región de la quebrada), Susques, Cangrejillos, Abra Pampa y La Quiaca (en la puna), por momentos desplazarse entre ciudades en Jujuy resultaba casi imposible.

En tanto que el epicentro de las marchas, como en los días previos, tuvo lugar frente a la sede gubernamental de San Salvador de Jujuy. Allí volvieron a concentrarse docentes, comuneros y dirigentes sindicales para exigir mejoras salariales.

Ante los reclamos, Morales defiende, por un lado, que los aumentos ofrecidos están por encima de la media de lo que se otorgó a los docentes en el resto de los distritos nacionales y afirmó que “el 90% de los docentes en Jujuy cobra 200 mil pesos o más”. En un intento por cerrar este frente de conflicto, los funcionarios jujeños recibieron ayer a los maestros en una nueva negociación paritaria. Allí les ofrecieron pasar el piso salarial de un educador de 179 mil pesos a 200 mil pesos, aunque el 95% de los trabajadores cobraría sumas por encima de esa cifra, según la versión oficial. Además, les prometieron reabrir la discusión el próximo mes. El otro eje, el de la reforma constitucional, asoma más complejo. Morales no se mueve de su discurso duro, advierte que ya fue publicada en el Boletín Oficial y que, por tanto, está vigente.

Mientras, los cortes de ruta seguían ayer inalterables, afectando los ingresos a las principales ciudades de la provincia. Allí, las comunidades originarias se mantienen incólumes detrás de un pedido: que la reforma de la Constitución sea derogada. En paralelo, corrían versiones sobre la llegada de nuevos grupos violentos de otras provincias, lo que llevó al gobernador Morales a reforzar los operativos de seguridad y a insistirle -una vez más- al Gobierno nacional que intervenga con fuerzas federales: “Desde hace dos días que tiene que llegar la Gendarmería para tomar control de la ruta nacional y no llega”, se quejó el mandatario jujeño.

Duro reclamo de empresarios

Bajo el título “Basta de violencia”, más de 700 empresarios se sumaron a los reclamos por los destrozos a la Legislatura jujeña y pidieron que se respete la Constitución. “Nuestra Constitución Nacional es clara: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición”, advierte el texto firmado, entre otros, por Santiago Mignone (Price), Cristiano Ratazzi, Guibert Englebienne (Globant), Paula Altavilla (Schneider), Roberto Murchison (Puertos), Eduardo Braun (La Anónima), Carlos Blaquier (Ledesma) y Martín Cabrales (Cabrales).

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