Una decisión poco esperada y una reacción política tardía

El oficialismo nacional probablemente no vio venir la cautelar de la Corte Suprema de Justicia suspendiendo la elección a gobernador en San Juan y Tucumán. Por eso el cachetazo debe haber dolido más en la Rosada. Y por eso se percibió una cierta demora en la respuesta, que por supuesto fue política pero llegó 24 horas después de la novedad.

Con todos los puentes cortados con el máximo tribunal es verosímil que los hombres del gobierno no tuvieran información de antemano y tal vez haya habido subestimación hacia un actor que, para el albertismo/kirchnerismo, es directamente un enemigo político desde que decidió pararse de manos y hacer valer su peso -¿y su poder de daño?- como uno de los poderes del Estado.

Pero los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur, caudillos con todas las letras, no podían ignorar que el debate judicial a sus respectivas inhabilitaciones era una posibilidad: ambos sabían que los cuestionamientos de sus oposiciones provinciales estaban en la Corte nacional después de que los tribunales superiores de sus provincias -en ambos casos, muy influidos por ellos mismos- habilitó los respectivos gambitos para que se perpetúen en el poder.

La respuesta de Alberto Fernández les ha dado a Uñac y a Manzur un insumo para la resistencia al fallo que trasciende los límites de sus provincias y que puede servirles para influir en sus propias internas partidarias: frente a la posibilidad que afrontan ambos de “no poder ser” en esos distritos el peronismo es hoy un hervidero.

En el mensaje grabado que se difundió ayer por cadena, el Presidente hace propio el revés inicial de esos mandatarios, nacionaliza una causa bajo el razonamiento falaz de que la cautelar es un “ataque a la democracia o que “son los mismos jueces que persiguen a Cristina. Cuando, en verdad, se trata de resolver si en San Juan y en Tucumán se está respetando la ley y el principio republicano de la alternancia.

DOS APUNTADOS

Alberto, evidentemente, venía caliente con el titular de la Corte, Horacio Rosatti, quien en un foro empresarial con fuerte presencia de compañías estadounidenses había opinado sobre la “expansión descontrolada de la emisión monetaria al hacer referencia a que la Constitución Nacional manda a defender el valor de la moneda. Fernández le contestó ayer y, de paso, metió en todo esto a Macri, que a esta altura parece que para él es una obsesión.

“Si tanto interés tiene (Rosatti) por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso de la Nación y que denunciamos ante el Poder Judicial, que sigue sin investigarlo”, dijo Fernández, mezclando peras con manzanas y olvidando que su gobierno tampoco tiene mucho interés en que avance esa causa porque entre los denunciados están los funcionarios del Fondo Monetario a los que por estas horas les están rogando que desembolsen dólares antes de las elecciones. Teatralidades.

En general, las respuestas que llegaron del oficialismo al fallo de la Corte apuntan a situar al tribunal como un apéndice de Juntos por el Cambio. Es recurrente: cada decisión que no le gusta al gobierno es porque la Corte obedece ordenes de la principal alianza opositora. El ministro Wado de Pedro, incluso, fue más allá: parangonó la cautelar sobre Tucumán y San Juan con la condena a Cristina Kirchner.

¿Que tendrá qué ver una cosa con otra? Según él: “Proscribieron a Cristina y quieren proscribir el voto de tucumanos y sanjuaninos”. Como si la Corte hubiera dicho que los ciudadanos de esas provincias directamente no deben votar. Se recuerda: el Tribunal suspendió la elección del ítem gobernador hasta definir si son correctos los planteos opositores sobre las supuestas maniobras inconstitucionales para habilitar candidaturas casi eternas.

Es un poco más atendible el argumento que, por ejemplo, usó Axel Kicillof. “Tres jueces pisotearon el federalismo de la Argentina“, dijo. Se aclara: el cuarto, Ricardo Lorenzetti, no votó porque estaba (¿convenientemente?) de viaje por Roma.

Subyace, en efecto, el debate en torno a las decisiones soberanas de las provincias en materia electoral. Pero, como en cada tema sensible, hay bibliotecas opuestas. Porque también están los que dicen que por sobre las constituciones provinciales o las decisiones de los tribunales supremos sub nacionales, debe imperar la letra de la Carta Magna nacional que predica la obligatoriedad de los valores republicanos -como la alternancia- en las provincias (artículo 5º) y fija a la Corte nacional como jurisdicción natural de apelación cuando se trate de temas en los que los estados provinciales sean actores (artículo 117º). Esto, en definitiva, es lo que va a definir el máximo tribunal.

Pero Axel también agregó, como para politizar el tema: “Tipos que no han sido elegidos por el pueblo creen que pueden llevarse puesto un proceso electoral”. Es la vieja creencia kirchnerista de que los jueces, en este caso los supremos, deben ser elegidos por el pueblo y no de acuerdo a lo que dice la Constitución: a propuesta del Presidente y con el acuerdo del Senado.

La cautelar de la Corte les sirve a las alas de un gobierno atravesado por internas para mostrar un hecho unificador, un hito que momentáneamente borre las diferencias entre Alberto y Cristina y tal vez para que no tengan que hablar todo el tiempo de las decepciones de la economía. Y también para moldear una épica discursiva en la que se asegura que la decisión judicial es para “evitar que gane el peronismo”.

Ayer, el ministro bonaerense Andrés Larroque se enfocó en esa línea. Es uno de los que está armando el acto del 25 de mayo sobre el que, otra vez, sobrevolará la ilusión de convencer a Cristina para que sea candidata. Y se sabe, porque ella misma lo ha demostrado en sus discursos, que la Corte es uno de los adversarios predilectos de la vicepresidenta.

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