La movida de Massa y los dilemas eléctricos

Con la reciente decisión de “intervenir” la distribuidora eléctrica Edesur, el ministro Sergio Massa ratifica su enorme capacidad de adoptar decisiones “pagadoras” electoralmente sin resolver los problemas. Una cualidad histórica que le ha valido motes varios dentro del mundillo peronista, que no vienen al caso. Porque, en rigor, los miles y miles de usuarios de esa empresa que estuvieron días sin luz no encontrarán en esa movida ninguna solución a sus problemas. En todo caso, deberán agradecerle al clima, no al tigrense, si el servicio deja de interrumpirse: si baja el calor dejará de cortarse tanto la electricidad porque descenderá la excesiva demanda para la cual las redes de distribución no están preparadas, por la falta de inversiones.

A raíz de las decisiones del Gobierno nacional de fijar precios que no cubren los costos totales si se incluyen las inversiones en capital federal y el Gran Buenos Aires a pesar de los subsidios directos o indirectos que reciben.

En verdad, la intervención no es tal: el manejo operativo, económico y financiero de la compañía seguirá en manos de sus accionistas privados. La controladora principal es la corporación italiana Enel, que trabaja en el sector energético de infinidad de países pero parece que sólo tiene problemas en este. Es curioso que los dueños de Edesur y el gobierno se quejan de lo mismo: que el otro no cumplió el contrato de concesión.

El designado interventor light Jorge Ferraresi será una suerte de fiscalizador, de veedor de números, de auscultador de libros contables. Un elemento supuestamente de presión desde adentro para que la empresa cumpla con el servicio. Lo mismo que debería hacer, digamos, el Ente Nacional de Regulación de Energía (ENRE), intervenido hace años por el Poder Ejecutivo, que ahora es dirigido por el massista Walter Martello, y que ya tiene sabuesos propios en la empresa.

Así se interpreta de lo que el propio ENRE dice que es su misión, en la página web oficial: “Controlamos que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio y en los Contratos de Concesión. En otras palabras, velamos por el buen funcionamiento de las redes de distribución (circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires), de transporte y generación”.

El interventor

Ferraresi fue nombrado interventor por dos motivos. Uno: es capanga entre los intendentes del sur del Conurbano, en cuyos distritos se generó el caos por los apagones, que incluyó decenas de protestas callejeras a modo de piquetes barriales. El lo es de Avellaneda. Dos: se referencia en forma reverencial en Cristina Kirchner. Es probable que Massa haya consultado con ella la movida de la intervención y el nombre del dirigente que le enchufaría a la empresa. Por lo que trascendió ayer, parece que ni lo consultó con la Casa Rosada.

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Es que, en términos formales, la responsabilidad política de lo que sucede con la luz, en capital federal y el Gran Buenos Aires, es del ministro. Uno de sus grandes logros políticos cuando se hizo cargo de la cartera de Economia, en días de la corrida cambiaria del año pasado, una condición que puso para asumir, fue quedarse con todo lo relacionado al área energética bajo su ala, desplazando a los dirigentes de La Cámpora que manejaban esos botones.

Hay que recordar que Martín Guzmán nunca pudo lograr eso, jamás manejó la variable energía como ministro y los camporistas le hicieron la vida imposible negándose a llevar adelante decisiones básicas que él pedía en la materia. Como retocar tarifas, por ejemplo.

La intervención es por 180 días. Seis meses. Hasta después de las Primarias Abiertas. El dato no es menor: si el peronismo sale muy desfavorecido de ese test, le costará mantener la pantomima hasta fin de año. Además, todavía no se descartó que Massa termine siendo el candidato presidencial del oficialismo y acaso trate de explotar la idea de que avanzó contra los “malos” que cortan la luz a la gente.

Todos los expertos independientes en materia de energía coinciden en que el sistema de distribución eléctrica funcionó correctamente -esto es, que se mantenía con el pago del servicio por parte de los usuarios, sin subsidios y sin cortes- hasta que empezó a desvirtuarse en el primer kirchnerismo, con la introducción de la idea de congelar las tarifas bajo el argumento de que se estaba saliendo de la emergencia económica generada por el estallido del 2001. Eso trajo la obvia desinversión.

Durante unos pocos meses del gobierno macrista se intentó revertir esto aumentado el precio de la energía, seguramente en forma poco cuidada y dolorosa para el bolsillo de la gente. Es claro que la ciudadanía lo desaprobó, a juzgar por muchos estudios cualitativos de opinión pública que circularon en ese momento. Apenas asumió, Alberto Fernández volvió a congelar las tarifas.

El experto Emilio Apud llama a esto “populismo energético”. Dijo: “Tenemos un servicio eléctrico acorde a lo que pagamos por la energía: un poco menos del 40% del costo”.

Todo esto interpela ahora a Massa y su ”humo”, es una realidad incómoda para sus eventuales proyecciones. Porque hay más por venir. A saber:

1) Todos recordamos que en setiembre del año pasado la secretaría de Energía avanzó con una quita de subsidios en etapas para los hogares de mayor poder adquisitivo. Eran tres. La dos primeras ya se implementaron. Pero la tercera, que debió haber sido en enero y febrero, no se cumplió del todo: se quitaron menos subsidios de lo pautado. Ergo, los usuarios residenciales de Edenor y Edesur siguen recibiendo altos subsidios a la luz, dependiendo el poder adquisitivo del hogar.

2) Entre abril y junio deberían aplicarse nuevos aumentos tarifarios, según lo anunciado como parte del acuerdo con el FMI para reducir el déficit fiscal. En medio de los cortes de luz de la primera quincena de marzo pasado, el ENRE sacó resoluciones que les otorgaron a Edenor (mimada por el massismo) y a la demonizada Edesur una recomposición de sus ingresos del 108% a partir del mes que viene y otra del 74% a mitad de año. El impacto final en las facturas de usuarios residenciales, según cálculos de consultoras privadas, sería de entre el 89% y el 136%.

Es probable que este compromiso sea parte de la letra chica que Massa quiere refomular en su acuerdo con el FMI. Que, traducido, es buscarle oxígeno al gobierno -tal vez a él mismo como postulante- para lo que queda del año electoral.