El embarazo de menores abusadas

Los recurrentes casos de menores que resultan embarazadas producto de una violación y el calvario que deben atravesar por ello en Bolivia urgen a reponer en la mesa de debate la necesidad de tener una norma específica para la interrupción legal del embarazo.

El Código Penal boliviano sanciona con cárcel a las mujeres que abortan y a quienes los practican, salvo en casos de violación sexual, o si corre peligro la vida de la madre, aunque en esas situaciones se requería una orden judicial que autorice la interrupción del embarazo.

En 2014, una sentencia del Tribunal Constitucional boliviano estableció que las víctimas de violación no requieren autorización judicial para interrumpir la gestación, mientras que en los casos en los que la vida de la madre corre peligro, basta con el informe médico para proceder.

Aunque ya no se requiere la aprobación judicial, “existen todavía muchísimas limitaciones” para que las víctimas de violación puedan interrumpir la gestación de manera legal y segura, comentó la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez.

Entre ellas está la “objeción de conciencia a la que muchos médicos o administradores de los servicios de salud apelan”, indicó.

“El estigma que tiene todavía la interrupción de un embarazo es muy fuerte en el país”, sostuvo Sánchez y recordó los casos “lacerantes” conocidos en el último año de niñas víctimas de violación que debieron “llegar a término” porque sus padres o tutores así lo decidieron.

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En algunos casos se vio la acción de “grupos conservadores” o agrupaciones religiosas que influyeron de alguna forma “en la vida de las víctimas y en la opinión pública”, manifestó.

Uno de los sucesos que más trascendió fue el de una niña de 11 años, víctima de constantes violaciones por parte de su abuelastro, quien fue sometida a una interrupción de la gestación.

Este caso generó polémica cuando grupos religiosos contactaron a la madre de la menor, la convencieron de que continuara la gestación y llevaron a la niña a un centro de acogida para ello, pero finalmente las autoridades y la Defensoría del Pueblo intervinieron y el embarazo fue interrumpido.

CUESTIÓN DE SALUD PÚBLICA

Para Sánchez, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro convoca a “reflexionar sobre una problemática sobre la que mucha gente prefiere cerrar los ojos”, pero que es “un problema de salud pública y de justicia social”.

“El aborto no mata a las mujeres”, lo que las mata “y causa un impacto muy fuerte en las mismas familias es la falta de un acceso a un aborto seguro”, afirmó.

La activista mencionó datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) que señalan que en Bolivia el 50,5 por ciento de los embarazos no son intencionales.

Además, al ser practicado mayormente en la clandestinidad, el aborto es la tercera causa de muerte materna, recordó.

Sánchez citó datos de la ONG IPAS Bolivia que señalan que cada año en el país se registran al menos 57.000 interrupciones de embarazos, lo que supone unos 156 casos por día, aunque “estas cifras están muy por debajo de la realidad debido a la penalización del aborto”.

Datos difundidos en agosto por la Defensoría del Pueblo indican que en 2021, el Ministerio de Salud registró 39.747 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, con un promedio de 109 embarazos por día, y hasta junio de este año se reportaron 16.752, en promedio 91 embarazos por día.

La Defensoría también informó que entre 2019 y 2021 se realizaron 261 interrupciones legales del embarazo, de las cuales el 63 % fueron a menores de 18 años y el 68 por ciento fueron por denuncia de violación.

EDUCACIÓN Y LEYES

A raíz de estos sucesos, organizaciones feministas han reclamado que Bolivia tenga una ley sobre derechos sexuales y reproductivos para garantizar la salud y la vida de niñas y mujeres.

Para Sánchez, es necesario tener una norma que plantee “el acceso a la educación integral para la sexualidad”.

Esto implica “desmitificar y desestereotipar” el hablar de la sexualidad, ya que normalmente la gente limita el concepto a las relaciones sexuales, pero incluye también la planificación familiar, o que niños y jóvenes sepan diferencian cuando alguien está violentando sus cuerpos.

A su juicio, también es necesario fortalecer los servicios sanitarios para que la atención a las víctimas sea inmediata y entender que el acceso a la salud incluye tener un bienestar social, físico y emocional. (EFE)