Sin un ancla inflacionaria, se negocian subas cercanas al 80%

“La idea de esta segunda o tercera ola de reaperturas paritarias es que tengan la impronta de Massa, de estabilización, pero nadie sabe si eso sucederá porque es contradictorio con que los salarios le ganen a la inflación”, resumió un funcionario consultado el complejo panorama que hoy atraviesa el Gobierno. Con una inflación para 2022 que ya se vislumbra en el orden del 90 por ciento, las negociaciones salariales cierran alrededor del 80 por ciento anual recalentando la puja distributiva y desalentando cualquier ancla inflacionaria, en la antesala de las elecciones nacionales con las que el oficialismo buscará retener el poder.

El “veranito” que vive el Gobierno con la acumulación de reservas por efecto del “dólar soja” y la aprobación por parte del FMI de la segunda revisión de las metas trimestrales se da de bruces con lo que ocurre en la economía real: agosto finalizó con un Indice de Precios al Consumidor del 7 por ciento y muchos economistas temen que hasta fin de año ese indicador tenga un piso del 6 por ciento.

sin bonos

Al reacomodamiento de precios relativos y la suba de tarifas proyectada para septiembre, se le suma una carrera de precios y salarios que no ha podido ser atenuada por la nueva conducción del Palacio de Hacienda: las centrales obreras desecharon la idea de que sea el pago de bonos la que compense la suba del costo de vida. Tampoco se produjo una reunión tripartita para minimizar las expectativas inflacionarias como habían esbozado semanas atrás tanto el presidente Alberto Fernández como el propio Massa.

Es en este contexto en el que los sindicatos de trabajadores privados y del sector público buscan pasar los aumentos cerrados en el primer semestre del orden del 60 por ciento a por lo menos un 80 por ciento de incremento contando, además, con la promesa de una nueva revisión cercana ante el temor de una nueva disparada inflacionaria.

Aunque la semana pasada el Gobierno dio pistas de aceptar atenuar el desfasaje inflacionario con la propuesta de llevar el salario inicial docente al 82 por ciento, que luego debe refrendarse en cada discusión provincial, un sector de los estatales nacionales convocó ayer a un paro para el 27 de septiembre por la falta de respuesta de la Casa Rosada al pedido de adelantamiento de la revisión salarial pactada para octubre. Se trata del gremio ATE que señaló que la protesta incluirá una movilización al centro porteño en la que, además, exigirán un “aumento de emergencia y una paritaria por encima de la inflación, el adelantamiento de los tramos del 2023 al 2022 y el cumplimiento de los 30 mil pases a planta permanente acordados con el Gobierno nacional”.

Justamente ayer circuló una versión de una inminente convocatoria del Ejecutivo a ATE y UPCN para esta semana que, por ahora, no fue confirmada. Sí desde Jefatura de Gabinete deslizaron que durante la revisión se podrían adelantar a este año las dos cuotas previstas para enero y febrero de 2023, pudiéndose cobrar durante el corriente el 60 por ciento acordado en mayo pasado (la paritaria rige del 1° de junio al 31 de mayo).

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Los bancarios comandados por el diputado kirchnerista Sergio Palazzo pidieron adelantar la revisión paritaria, en la que habían cerrado un ajuste del 60 por ciento en mayo pasado. En tanto, la UATRE (peones rurales) pactaron una suba del 84 por ciento del salario para los trabajadores del sector arándanos. Los recibidores de granos de URGARA, en tanto, semanas atrás pactaron un aumento del 70 por ciento en el marco de la tercera negociación que cierra el gremio. En los próximos días serán Hugo y Pablo Moyano los que se sentarán con las empresas transportistas para negociar una actualización del último acuerdo trimestral del 31 por ciento.

obras sociales

Más allá de la preocupante inercia inflacionaria, los gremios están envalentonados en sus reclamos porque son los propios funcionarios, por lo bajo, los que admiten que en 2022 el IPC terminará en números cercanos al 90 por ciento.

En la CGT, además, vienen de obtener un simbólico triunfo con el compromiso de Massa de incorporar en el Presupuesto 2023 “una partida adicional” para que el Tesoro financie el rubro educación y transporte de la cobertura de la discapacidad de las obras sociales. Es una montaña de plata: $100 mil millones. En la central obrera justifican la asistencia estatal en que el sistema estaba a punto de quebrar por un alza del 1400 por ciento en la cantidad de afiliados con algun tipo de discapacidad registrada entre 2007 y 2022. “Hay que pasar el peine por el sistema. Hoy hasta un intendente te firma una discapacidad”, azuzó un jefe gremial consultado.