Se viene otra polémica: ¿Los jueces pagarán Ganancias?

El Gobierno presentó esta semana el proyecto de ley de Presupuesto 2023. En el plantea objetivos de inflación, crecimiento, déficit, gasto, entre otros. El proyecto deja abierta la posibilidad de una modificación al régimen impositivo especial del Poder Judicial, que se encuentra excluido de pagar Impuesto a las Ganancias.

El texto enviado al Congreso detalla en una primera instancia las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional en la renegociación de la deuda tomada en 2018, metas que fueron reafirmadas en la última gira del ministro de Economía, Sergio Massa, luego de su reunión con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

Según el cálculo de Hacienda, la exención de Ganancias al Poder Judicial representa en 2022 un gasto tributario $129.105 millones, el equivalente al 0,16% del PBI. Para 2023, ese gasto asciende a $237.850 millones, también equivalente al 0,16% del PBI estimado para ese año.

Por último, en el texto agregan que “no contemplaría una política pública asociada a este beneficio. Influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados”.Este es el segundo Presupuesto que se presenta al Congreso con metas acordadas con el organismo luego de la renegociación. El de 2022, enviado por el entonces ministro Martín Guzmán, no fue aprobado por el Congreso, por lo que el Gobierno debió prorrogar el del año anterior.

El proyecto para 2023 incluye una serie de modificaciones a impuestos o regímenes especiales. Este factor también se había discutido con el organismo de crédito internacional. Según estimaron desde la Secretaría de Hacienda escalan hasta el 2,4% del PBI. De modificarse todos los regímenes que incluye, se podría no solo reducir el déficit sino alcanza un superávit de hasta 0,5%, según Ámbito.

El texto detalla expresamente que existen “beneficios impositivos que sectores específicos de la sociedad reciben a expensas de la sostenibilidad de las cuentas públicas” y más adelante agrega: “El peso relativo de estos beneficios es un hecho que ha llamado la atención de las autoridades del FMI. En efecto, en un reciente comunicado de prensa, dicha institución ha recomendado la evaluación de la efectividad de los mismos”.

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Más adelante presenta un conjunto de gastos tributarios (es decir, el monto que el fisco deja de recibir por esos regímenes) que concentran el 60% del total y detalla en monto en pesos y en porcentaje del PBI.

Entre los gastos que detalla incluye la revisión de las alícuotas reducidas de IVA a algunos sectores, del impuesto a las ganancias a ONGs y cooperativas, y del Régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego. Para este último señalan que el gasto asciende al 0,35% del PBI y plantea la reducción gradual del beneficio.